Dicen quienes trataron codo con codo con Antonio López, que era el mejor “relaciones públicas” que un alcalde quisiera tener. Caía bien a la gente, hacía gala de una buena palabrería y disponía de ese enganche para que los problemas en materia de vivienda no llegaran durante muchos años al despacho de Presidencia. De esa tarjeta de presentación echó mano cuando tuvo que ponerse delante de la magistrada que estampó su firma en el auto que lo mandó y lo mantiene en prisión. Según versiones de quienes escucharon sus manifestaciones, cumplió a rajatabla con su papel. “Mucha palabrería, don de gentes, con mucha verborrea y contundente en sus expresiones”, explican a El Faro. Y con la lección aprendida: había que eludir cualquier responsabilidad en todo lo relacionado con la vivienda y, apoyado en que no tenía voto, insistió en, tal y como ayer publicó este medio, señalar y señalar a la Comisión Local de la Vivienda como única responsable.
Pero López estaba preparado para cargar las tintas y no para recibirlas. Contra su estrategia de defensa se vuelcan testificales que lo sitúan como receptor de dinero, lo que vienen a dar sustento al informe de la UDYCO preñado de conversaciones telefónicas intervenidas y seguimientos.
El testimonio del empleado de una naviera fue determinante. Marcado como intermediario ha cambiado de rol tras ofrecer un testimonio claramente colaborador, indicando que pagó dinero por obtener una vivienda y señalando a López como el receptor final de ese montante. Pasaría así de presunto intermediario a cliente, como tantos otros que figuran en la larga lista de interrogados por la magistrada Lucini. La próxima cita, el 19 de julio.
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