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La respuesta del Gobierno escandaliza a la senadora de Podemos Maribel Mora, que ve “oscurantismo”
El Gobierno de España no sabe, no quiere saber o no desea contestar a cuántos migrantes ‘devuelve en caliente’ desde las vallas de Ceuta y Melilla a Marruecos, a cuántos extranjeros ‘rechaza en frontera’, según la denominación de la operación desde que le dio supuesta cobertura legal hace poco más de dos años.
A finales de febrero, la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora preguntó al Ejecutivo de Rajoy a cuántas personas “interceptadas en el perímetro fronterizo de Ceuta y de Melilla”, desglosadas por sexo y nacionalidades, se les ha aplicado la Disposición Adicional décima de la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, esa que literalmente dice que los foráneos que sean detectados “en la línea fronteriza de la demarcación territorial” de las ciudades autónomas “mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera” podrán “ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal” en territorio nacional africano.
Cada vez que medios como este han preguntado en Delegación o a la Guardia Civil al respecto se han encontrado una larga cambiada, habitualmente en forma de callada, por respuesta.
A la parlamentaria de Podemos el Gobierno le ha dicho que “en relación con la solicitud de referencia, cabe indicar que no es posible determinar el número de inmigrantes por sexo y nacionalidad a los que les ha sido aplicada la Disposición Adicional décima [...] puesto que no existe un Registro”.
Según Interior, simplemente “tal y como establece, cuando se detectan extranjeros en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, la Guardia Civil lleva a cabo el desalojo”.
Mora ha recibido la contestación gubernamental entre el escándalo y la estupefacción. Según indicó ayer en declaraciones a ‘El Faro’, la presunta ausencia de cualquier registro o control de lo que se hace en las vallas “es incompatible con la propia norma, que establece que el ‘rechazo’ debe hacerse, en todo caso, ‘respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
La única conclusión posible, para la senadora, es que el Gobierno de Rajoy “miente deliberadamente por razones desconocidas o viola sin ningún reparo la legalidad española e internacional que obliga a como mínimo identificar a las personas y evaluar si son potenciales solicitantes de asilo”.
Mora piensa repreguntar al Gobierno central al respecto para aclarar si las vallas son un territorio de impunidad “absoluta”.
“Es increíble, sorprendente, que la Administración asuma que la actuación de las Fuerzas de Seguridad permanece al margen de cualquier control o registro en las fronteras de Ceuta y Melilla y tal actitud sólo puede hacernos pensar que el Gobierno tiene algo que esconder, que tiene un problema con las ‘devoluciones en caliente’ y que mantiene este oscurantismo porque ni aplica ni quiere aplicar la normativa internacional digan lo que digan la Defensoría del Pueblo, las autoridades europeas o las organizaciones internacionales”, censuró Mora el comportamiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Hace un año y medio el tema era secreto de Estado para el Gobierno
Maribel Mora, que volverá a hacerlo, no ha sido ni la primera ni la última que ha preguntado al Gobierno de Rajoy por el ritmo de ‘rechazos en frontera’ que ejecuta la Guardia Civil en Ceuta y Melilla desde que se ‘legalizaron’ las ‘devoluciones en caliente’. Hace apenas un año y medio, su no-respuesta fue muy distinta: aparentó que tenía cifras y no podía revelarlos.
Gracias a la Ley de Transparencia, un ciudadano interpeló en 2015 por en qué “cuerpo normativo” se amparan jurídicamente las devoluciones y en qué “tratado internacional” se delimita expresamente “el límite fronterizo terrestre entre Ceuta y Melilla con Marruecos”, así como la fuente que lleva a interpretar que las vallas “están en territorio marroquí”.
Más allá de generalidades, la Administración alegó que “con respecto a las estadísticas de devoluciones realizadas al amparo de la Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento en virtud de las labores de control de inmigración irregular atendidas por la Policía Nacional, las mismas se constituyen en ‘funciones administrativas de vigilancia, inspección y control’, por lo que el acceso a dicha información está limitado”.
“Cómo es posible”, reflexionó ayer Mora, “que el Gobierno dejase entrever que la información sobre los rechazos existe pero estaba amparada por razones de interés nacional para no desvelarla y ahora reconozca que no tiene ningún dato”.
