La Consejería de Fomento ha dado veinte días a dos vecinos de la barriada Príncipe Alfonso para que derriben de manera directa dos obras ilegales que se han realizado. Si se cumple el plazo establecido y no se efectuaran los mencionados derribos entonces resultaría que los ejecutaría la propia Ciudad Autónoma de manera directa. En uno de los casos el trabajo si lo realiza el Gobierno estaría valorado en unos 70.000 euros y en el segundo valdría 55.000 euros.
De esta manera, se quiere hacer constar por parte del Gobierno del presidente Vivas que se continua trabajando en eliminar de nuestra ciudad las obras ilegales que existen en determinados puntos y que aunque se tarde, al final el peso de la ley cae sobre quien han contravenido las normas.
MUCHO HABLAR Y POCO HACER!!!!!!