El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha tomado declaración en calidad de investigados por presunta prevaricación administrativa a Juan Vivas, Cristina Pérez y Dunia Mohamed, al ser quienes formaban la Mesa Rectora del Pleno hasta marzo de 2020. De igual manera se ha citado a María Dolores Pastilla, como secretaria general, en el marco del procedimiento judicial seguido tras la denuncia de los diputados no adscritos, José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez, por considerar que se les había privado del ejercicio de sus derechos fundamentales como electos.
Tal y como han expuesto fuentes judiciales a El Faro de Ceuta, todos ellos han respondido a preguntas del juez, fiscal y sus abogados, negando contestar a las formuladas por la presentación de los denunciantes. En esencia se ha detallado que los no adscritos pueden participar en todo, desde plenos hasta comisiones informativas y consejos rectores desde siempre.
Se ha concretado que ya en fecha de 20 de junio de 2020 se les respondió y que el reglamento no les permite estar en los consejos de administración. En valoración de la Defensa de Vázquez y Rodríguez, la incógnita es por qué no modificaron los consejos y órganos en 15 días tal como dice el artículo 21.4 del reglamento. De igual manera se cuestiona el haber permitido que Vox haya votado como grupo representante de seis diputados cuando 2 ya se habían ido del mismo por graves diferencias de ideario, como sucedió en consejos de Acemsa, RTVCE o el Hotel Puerta de África.
La historia que ha llevado a este paseíllo por el juzgado de quienes constituían la Mesa se remonta a cuando los dos diputados exmiembros de Vox denunciaron sufrir una vulneración de su derecho a la participación política como electos contra lo previsto en la legislación y el Reglamento de la Cámara autonómica.
