La empresa Makerel, encargada de la explotación del vertedero de Piniers, se ha convertido en una de las víctimas en el proceso abierto para la expropiación de terrenos en los que se asienta la nueva cárcel. Después de que le fueran expropiados aproximadamente 40.000 metros cuadrados, todavía no ha recibido la parcela con la que se le iba a compensar lo que se le ha quitado aplicándose una ley franquista, que todavía sigue vigente, y de la que hace uso el Estado en cada proceso de expropiación.
Makerel lleva dos años a la espera de que cobre cuerpo una resolución en la que la SIEP y Defensa deben acordar qué terrenos se les entrega a esta empresa, en sustitución de los perdidos por la construcción de la macro-cárcel que se levantará en Fuerte Mendizábal.
Como Makerel otras empresas ceutíes también se han visto afectadas por la expropiación de sus terrenos, tal es el caso de Maquinaria Hidalgo y Hoarce. La obra de la futura prisión empezará con la construcción del CIS, una vez que Ribera Navarra ha culminado con el movimiento de los terrenos. Eso a pesar de que administrativamente quienes perdieron parte de su propiedad por una causa de fuerza mayor impuesta por el Estado todavía no han recuperado lo prometido.
