El presidente Vivas se conformaría con que la Administración General del Estado como mínimo, volviera a los casi tres millones de euros que aportaba para el mantenimiento de los menores extranjeros no acompañados, como sucedía hasta antes del recorte, donde esta aportación que estaba conveniada, se ha quedado en algo más de un millón seiscientos mil euros. Reflejó el propio jefe del ejecutivo que mientras la presión migratoria de los MENA se ha ido incrementando porque no se puede olvidar que en el año 2008 había más o menos unos cuarenta o cincuenta niños atendidos por el servicio de menores de la Ciudad Autónoma, en estos momentos, se está hablando de unos ciento cincuenta marroquíes que se encuentran en ‘La Esperanza’ y otros cuarenta subsaharianos en el Mediterráneo, “pero mientras la presión sube la aportación del Estado va en sentido inversamente proporcional”.
Dejó muy claro que aunque la Ciudad Autónoma de Ceuta tenga asumidas las competencias en materia de los menores debe dejar bien claro que sus problemas no se parecen en nada a los de otras comunidades y nada más que se puede asemejar Melilla, “porque somos las dos únicas fronteras de la Unión Europea en Africa y padecemos una inmigración muy singular”.
Plataforma
Vivas defiende, por encima de todo, que estos menores y sus padres intentan utilizar a Ceuta y a Melilla como plataforma para posteriormente con el paso de los años conseguir la residencia en nuestro país.
Por ello, refleja que siendo una situación excepcional, también debe darse una situación excepcional por parte de la Administración General del Estado.
Recordó que ahora mismo la Ciudad Autónoma gasta seis millones de euros anuales para el mantenimiento de estos chavales que, por lo menos, han de servir para que quede claro el carácter solidario de los ceutíes.
En cuanto a la visita que realizó en la jornada del jueves la secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, reflejó que la misma le transmitió que comprendía el problema y que estaba dispuesta a ayudar en la medida de sus posibilidades, en unos momentos de restricciones presupuestarias para todas las administraciones públicas.
