La sección sindical de CCOO en la Policía Local ha denunciado la existencia de irregularidades en la instalación de las videocámaras en la Policía Local. El sindicato lleva más de un mes solicitando que haya una reunión con los responsables del Cuerpo, sin que la misma se haya llevado a cabo. De hecho la última cita era para el pasado viernes, al haberse solicitado un encuentro con el jefe accidental, Sorroche, y el viceconsejero de Gobernación, Manuel Coronado. La misma no se llevó a cabo ya que, tal y como denuncian, no ha habido interés alguno de la jefatura accidental por sentarse a hablar de este plan con los agentes sociales. La relación es nula.
Lo que pretende CCOO es aclarar “la homologación de la empresa contratada, así como de los dispositivos técnicos ya instalados (cámaras y ficheros)”, apunta. Según el sindicato, dicha empresa tendría que contar con el alta de fichero de videovigilancia en la Agencia Española de Protección de Datos. LOPD 15/1999; alta de fichero de videovigilancia intrusión e incendio en Dirección General de la Policía y Guardia Civil; y homologación del sistema según normativa aplicable. Ley 23/92 y Real Decreto 2364/1994 para instalaciones de seguridad. El sindicato quiere que se le facilite información sobre la instalación de estas cámaras, ya que como agente social no ha sido informado al efecto.
“Queremos recordar que el incumplimiento de alguno de los puntos anteriores invalidaría como prueba de cargo el visionado de las imágenes ante la autoridad judicial competente con motivo de la comisión de cualquier delito en el interior de las instalaciones a custodiar. Por otra parte, cualquier persona grabada puede ejercer sus derechos como denunciante ante la Agencia Española de Protección de Datos pudiendo acarrear sanciones de hasta 600.000 euros”, explica el sindicato.
Ante la falta de pronunciamiento oficial desde que se hiciera pública la instalación de las cámaras, CCOO ha ido solicitando datos. Por ejemplo se ha pedido a través del Registro de la Ciudad Autónoma “que se nos facilite el expediente completo de la adquisición y puesta en funcionamiento de dicho sistema para estudiar con nuestro gabinete jurídico las posibles irregularidades en las que se hayan podido incurrir”, aclaran. El sindicato advierte que tiene claro cuál es su postura: “Apoyamos incondicionalmente todas las medidas que vayan encaminadas a velar por la seguridad del edificio polifuncional pero nunca en detrimento de uno de los derechos más protegidos en nuestra Carta Magna: el derecho a la intimidad. Creemos que la actual situación de crispación e indignación que está mostrando el conjunto de la masa social de la Policía Local se hubiese evitado haciendo partícipes a los agentes sociales de esta iniciativa”.
Para CCOO en toda esta historia no se ha tenido en cuenta la obligatoriedad de dar a conocer a los policías locales los proyectos que se han llevado a cabo, trasladando información a los agentes sociales que los representan.
“No hay que olvidar que como interlocutores válidos de todos ellos y en cumplimiento de lo establecido en el actual marco legal regulador, se debe cumplir una serie de garantías entre las que se encuentran: la obligatoriedad de advertir a la plantilla a través de los representantes sindicales, en qué casos las grabaciones serán examinadas por la dirección de la empresa y en qué circunstancias podrán ser entregadas a la autoridad judicial, en cumplimiento, entre otras, de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 (LOPD)”, apunta.
CCOO advierte de que, de momento, tan sólo disponen de información por vía oficiosa y concluye que, presentado el problema, “el responsable máximo de la Policía Local es el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el encargado de elaborar el informe técnico de colocación de la videocámaras es el jefe accidental, José Antonio Sorroche”. Alude además a la “desproporción de la colocación de este sistema ya que son 4 cámaras en el exterior y 16 en el interior” y denuncia que “la instalación de las videocámaras en el interior de la Jefatura tiene como intención velada la de controlar a los funcionarios en el desarrollo de su trabajo, más que su fin principal la seguridad”.
“Nos preguntamos para que está la cadena de mandos intermedios, que en realidad es la que tiene que controlar al personal a su servicio. Ignoramos si en la actualidad el sistema esta operativo, aunque en los rumores de pasillo apuntan que sí... entonces nuestra pregunta es ¿por qué el personal civil no autorizado sigue deambulando por la Jefatura si ningún tipo de control?”, denuncian.
“Nuestra preocupación”, añade CCOO, “se centra en el silencio que rodea todo este tema y después de no haber sido atendido en tiempo por la Jefatura accidental, ponemos el caso a disposición de nuestro gabinete jurídico para como en otras jefaturas conseguir que la instalación de la referida videovigilancia se ajuste a la normativa vigente”, apunta.
