El diputado ceutí, Francisco Márquez de la Rubia, tiene la intención en estas próximas horas de establecer contactos con el grupo parlamentario socialista para intentar, por todos los medios, que las enmiendas que se aprobaron en el Senado la semana pasada dentro de la actualización de la Ley de Contrabando, en relación a nuestra ciudad no caigan en saco roto y cuenten con el visto bueno del grupo mayoritario en la Cámara.
Por esta razón, ayer por la tarde mantuvo una reunión de trabajo con el senador Nicolás Fernández Cucurull, quien le puso al día de las distintas alusiones que se produjeron la semana pasada durante el debate en la Cámara Alta y donde no hubo apoyo desde la bancada socialista.
Desde el grupo parlamentario popular se considera clave para el propio Régimen Económico y Fiscal de nuestra ciudad que ambas enmiendas se aprueben.
La primera de las mismas va dirigida a evitar que se pueda considerar delito de contrabando la entrada de mercancías comunitarias en Ceuta y Melilla. El hecho de que Ceuta y Melilla no formen parte de la Unión Aduanera no puede afectar a su condición de territorio nacional español y comunitario, ni a la de ser territorio franco. Por tanto, a los efectos de la Ley de Contrabando, se excluyen dichas entradas de la definición de importación, lo que impediría aplicar las penas y multas previstas en la ley.
La segunda enmienda que pretende añadir a la ley una disposición final, en la que se aclara que la no consideración de importación, a los efectos de la ley de contrabando, no exime de las obligaciones documentales y tributarias a efectos del IPSI, por lo que la tramitación seguirá siendo la misma que hasta ahora. Esto es, la entrada de mercancías comunitarias en Ceuta y Melilla seguiría siendo importación a los efectos de la Ley del IPSI, pero no lo sería a los efectos de la Ley de Represión del Contrabando.
El proyecto de Ley introduce, mediante una disposición adicional, una exhaustiva obligación de información para las compañías de transporte, ya que cuando el trayecto se inicie en países o territorios que no formen parte del Territorio Aduanero Comunitario, y finalice en territorio español, deberán entregar a las autoridades españolas, antes de la salida del buque o aeronave, un listado completo de los pasajeros, que incluya nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, forma de pago, importe del billete, fecha de compra, puntos o escalas intermedias y medio de contratación.
En definitiva, este punto se concreta a los pasajeros que salgan vía marítima o aérea desde Ceuta o Melilla a la Península.
En todos los casos suponen diferenciaciones con el resto de los ciudadanos españoles, pero en función del lugar donde se vive en realidad.
