Ubicación Se edificará en dos parcelas de titularidad municipal en la zona de Calamocarro y se cerrará el actual
Incremento Desde 2008 la cifra de menores que tutela la Ciudad se ha triplicado, alcanzando los 150 actualmente
Unificación En el nuevo centro residirán los menores que viven en La Esperanza y en el Centro Mediterráneo
El nuevo centro de menores no acompañados se ubicará en Calamocarro en unas parcelas de titularidad municipal, tendrá capacidad para un centenar de MENAs, costará cinco millones de euros y no estará listo hasta dentro de dos años. Aún falta tiempo pero la apuesta es clara y real tras la publicación del estudio de viabilidad. Se están estudiando las alegaciones recibidas, se aprobará el estudio, se elaborará un anteproyecto que se llevará a exposición pública y finalmente se licitará.
Queda camino que recorrer pero los primeros pasos ya se han dado. Ceuta contará con un nuevo centro que acoja a unos menores que se han triplicado en los últimos años provocando que en ‘La Esperanza’, actual centro de residencia, las condiciones de vida no sean las más adecuadas para ellos. A fecha de hoy superan el centenar y el actual centro, que tiene capacidad para 40 plazas y se abrió hace doce años, se ha quedado pequeño desde que en 2008 la llegada de menores se agudizó y triplicó las cifras de residentes. El porcentaje de fugas era muy elevado, ahora no: las estancias se han alargado siendo la media de unos cuatro años. El fenómeno ha ido variando y la administración se ve obligada a abordarlo como se requiere según el protocolo de actuación nacional establecido en el año 2.005. Que el actual centro se ha quedado pequeño es evidente e incluso el Defensor del Pueblo incoa a resolver esa situación. Y el Gobierno está llevando a cabo los deberes, aunque las previsiones no perciben que el nuevo centro esté terminado antes de dos años. Tendrá capacidad para un centenar de menores aproximadamente provocando la clausura del anterior y la unificación de unos menores que en la actualidad se encuentran dispersos en varios centros dada la falta de espacio: en La Esperanza donde residen aproximadamente un centenar a los que se suman los del centro Mediterráneo, unos 40 menores subsaharianos y las niñas no acompañadas, un perfil que se ha ido incorporando recientemente frente a los menores magrebíes que llevaban llegando a la ciudad desde que comenzó este fenómeno migratorio en 1999.
Un fenómeno “complejo” que en Ceuta se manifiesta de modo diferente a otros lugares del país por la proximidad y cercanía con los familiares que tienen muchos de los menores . El problema se aborda “de la mejor manera en que podemos hacerlo: interviniendo, aportando formación académica a esos menores y procurar que esa integración como último paso de la tutela, sea real en el mundo laboral aunque es complejo dada la actual situación que existe de las altas cifras de paro”, reconocen fuentes de la consejería de Asuntos Sociales. El centro se estructurará en diferentes módulos dependiendo de las edades de los residentes: el primero para los menores de entre 12 y 14 años, el segundo para los de entre 14 y 16 y el tercero para los que tienen hasta 18 años. De este modo se llevará a cabo una intervención individualizada según los criterios pedagógicos establecidos y además el futuro centro contará con dos zonas diferenciadas: una para los residentes y otra para los casos de urgencia.
El desamparo no debe ser “automático”
La Ciudad lleva tiempo insistiendo en la necesidad de regular un nuevo procedimiento ya que en la actualidad muchos padres desconocen la situación en la que se encuentran sus propios hijos
P.L.C / CEUTA
La situación de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta es una de las preocupaciones del Gobierno, que requirió ayuda del Estado hace unos meses durante la famosa intervención de la anterior consejera, Carolina Pérez, en el Senado. Entonces se hizo mención a la necesidad de no declarar de manera automática como desamparado a un menor que llegara a la ciudad autónoma, sino que ha de estar acreditado por organismos públicos de protección que analicen cada caso paso por paso tras la tramitación de un expediente administrativo. La Ciudad instó entonces, en algo de lo que sigue siendo partidaria “por coherente”, a regular un nuevo procedimiento de tramitación del desamparo de esos menores que llegan en el que en primer lugar debería actuarse atendiendo las necesidades inmediatas del menor, con la suspensión inmediata de la patria potestad o tutela que se asume por ministerio de la ley, por los organismos públicos de protección. Posteriormente debería acreditarse de forma individualizada la deficiencia que plantea la situación personal, psicológica, familiar y social del menor y que aconsejarán una intervención educativa.
Ya la última actuación sería la de diseñar el plan de actuación administrativo más adecuado para paliar todos los problemas concretos planteados: desde la tutela administrativa, al acogimiento residencial o el reintegro en su familia de origen por ejemplo. “Pero no todos los expedientes abiertos acaban con una declaración de desamparo y muchos se archivan por no confirmarse suficientemente las circunstancias que motivaron su incoación o por haberse modificado a lo largo de la tramitación del expediente”, explican desde la administración. La realidad es que la declaración de desamparo se realiza motivada exclusivamente por su situación de desprotección al encontrarse sin acompañamiento de figura adulta responsable y no por la constancia de que exista un incumplimiento, imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de patria potestad, ya que la información de la que se dispone es la que el propio menor manifiesta sin posibilidad de corroborarla. La notificación se realiza a través de los respectivos consulados ya que en la mayoría de los casos se desconocen los datos del domicilio familiar. Los consulados no realizan las gestiones para localizar a esas familias y esas declaraciones de desamparo limitan los derechos de los padres respecto a a suspenderlos o no de patria potestad pues desconocen la situación que se está produciendo. Pérez manifestó la necesidad de una nueva regulación en el procedimiento, algo que es “indispensable pero tremendamente complejo”, explican desde la administración.
