La prórroga del secreto de sumario durante más de dos años ha sido fundamental para que el equipo dirigido por la magistrada Raquel Lucini pudiera trabajar sin presiones y confiando en no perder pruebas que consideraba fundamentales. La instrucción, seguida en el juzgado número 3, no está conclusa. La cifra de 44 detenidos y unos pocos más investigados puede ir variando, quedan todavía diligencias por practicar, pero no hay miedo a que pueda producirse una alteración de pruebas o una manipulación que altere la realidad investigada en torno a una presunta trama de corrupción en la adjudicación de las viviendas de promoción pública.
En el auto de levantamiento de sumario dictado por la magistrada a todas las partes personadas, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, se viene a verificar la existencia del ramillete de delitos que comprenden desde el blanqueo de capitales a la organización criminal y se deja claro el descontrol absoluto que había en materia de vivienda, hasta el punto de convertir el proceso de adjudicación de las distintas promociones en una especie de cortijo.
Lucini contó con el apoyo del equipo de funcionarios del juzgado y con el trabajo de los componentes de la Policía Nacional en función judicial e investigadora, tanto de Delincuencia Económica como de la UDYCO. Todo con el objeto de esclarecer lo que estaba ocurriendo para “alumbrar con visos de sostenibilidad y racionalidad los oscuros pilares donde los terribles delitos se venían sosteniendo”, expone la magistrada. “Esto permitió”, añade, “aclarar no solo las formas de ejecución de los delitos, sino el tiempo desde el que los mismos se vienen cometiendo, las formas de ejecución y parte de las personas implicadas”, concreta en el auto, verificándose lo que en estas últimas ediciones ha ido avanzando El Faro.
“La documental aportada por servicios sociales y Emvicesa ha permitido desmontar una realidad ilícita que ha venido siendo el runrún y comentario por los ciudadanos, relativo a que las viviendas de Ceuta se daban por unos pocos, a otros pocos y sin criterio ninguno. Y así ha sido”, concreta. La política en materia de vivienda queda en entredicho, transformada en un particular cortijo con irregularidades reconocidas desde el año 2013, al menos.
“Dado que servicios sociales nunca ha informado a Emvicesa de las personas necesitadas de viviendas, de sus terribles circunstancias de necesidad, ni ha pasado por registro ningún documento que acredite dichas comunicaciones, pese a que eran viviendas de protección oficial, y ha quedado acreditado que nadie baremaba las necesidades de los demandantes de vivienda, se concluye que las viviendas, en las promociones objeto de estudio, han sido adjudicadas sin someterse a procedimiento legal alguno, ni criterio de sostén institucional, ni baremo de realidad social”, significa.
Las partes, que todavía no han accedido a la documental ya no secreta, pueden presentar recurso de reforma contra el auto dictado y firmado por Lucini, magistrada del número 1 pero que tuvo que atender este caso ante la incompatibilidad del titular del número 3.
