Tras la denuncia publicada por la falta de conexión del 112 con la Policía Nacional, reconocida por el propio director del teléfono único de emergencia, Javier Romaguera, y exigida por el presidente Juan Vivas en reiteradas juntas de seguridad, ha sido el propio Gobierno local el encargado de anunciar que “en unos días” se posibilitará esta conexión que ya “está técnicamente hecha”. Dice la Ciudad que se han tenido que solventar varios problemas, como el de la necesaria colocación de una fibra óptica, para garantizar una conexión que permitirá que no se produzcan retardos en el traslado de la información que recibe el 112 y la que se traslada al Cuerpo Nacional de Policía.
Dice la Ciudad que la conexión podría efectuarse ya, pero ahora ocurre el segundo problema. Y es que los agentes que en su día fueron formados por los jefes de sala del 112 deben pasar ahora por un nuevo curso de reciclaje. ¿Por qué? Porque ya hace meses que fueron instruidos en una serie de conceptos básicos pensándose que la conexión sería inmediata, hecho que no se produjo. Ahora deben pasar por un nuevo curso de formación, antes de que la conexión del 112 se haga efectiva con la Policía Nacional.
Respuesta del Gobierno
Después de que las pruebas resulten exitosas, llegará el turno de la Guardia Civil. Ya que una de las aspiraciones es implantar el teléfono único de emergencias en todas las fuerzas de seguridad, facilitando la celeridad en los servicios.
El anuncio del Gobierno se produce después de una semana de polémica tras la publicación de una serie de partes internos, firmados por los propios trabajadores, sobre las caídas del programa Séneca que tuvieron lugar el pasado mes de agosto. La Ciudad replicó que los fallos detectados fueron anecdóticos respecto a las llamadas resueltas de manera positiva, pero nada dijo sobre esta falta de conexión que ha generado gran malestar entre la propia Policía Nacional.
Fuentes de la Ciudad han apuntado también que tras las elecciones se repensará el sistema de funcionamiento del 112, sopesándose incluso una posible privatización, extremo éste que deberá ser aclarado por el Gobierno local.
