La pandemia de COVID-19 y sus demoledoras consecuencias sobre la población mayor han dejado huella en la gestión de la dependencia. El año 2020 cierra con más beneficiarios y menos personas en lista de espera, pero como consecuencia de que se han tramitado menos expedientes y, sobre todo, el “altísimo número de personas fallecidas por COVID pendientes de recibir sus prestaciones”. Así se recoge en el XXI dictamen del Observatorio de la Dependencia, un informe que cada año elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que ofrece una radiografía sobre el sector en España.
En base a los datos que proporcionan el Imserso y el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria en España (MoMo), el estudio concluye que entre marzo y diciembre de 2020 fallecieron en Ceuta y Melilla 65 personas en lista de espera para recibir ayudas de la dependencia: 33 estaban pendientes de la resolución de grado y 32 tenían ya el derecho reconocido pero no una prestación o servicio asignado. Además, otras 52 personas que cursaron la solicitud murieron antes de acreditar su condición de dependientes.
A pesar de haber fallecido 32 personas con derecho y sin resolución de prestación, la lista de espera de resolución de prestación se incrementó en 52 personas. En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Ceuta y Melilla 364 personas con solicitud de dependencia, un 35,7% más de lo esperado. Una vez excluidas las 47 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 317 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de grado.
En los últimos 12 meses también se ha reducido la atención en todas las prestaciones. Destaca el descenso de la atención en residencias en 28 personas, en la prestación económica vinculada al servicio en 7 personas, en el servicio de centro de día en 10 personas, en la ayuda a domicilio en 24 personas, en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en 18 personas y en el servicio de promoción en 27 personas. La teleasistencia se redujo en 62 personas.
En el resto de parámetros del sistema, tales como valoraciones, personas con derecho, reflejan igualmente valores negativos, lo que no hace sino certificar el estancamiento del sistema en los mismos términos en que lo viene haciendo en los últimos tres años.
Todas las prestaciones del catálogo de atención a la dependencia alcanzaron en 2020 tasas de reposición negativas, excepto las ayudas económicas vinculadas al servicio.
Además, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la inversión realizada en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se redujo en 442.613 euros, un 3,6% inferior a la realizada en el ejercicio precedente. El Observatorio de la Dependencia indica que año tras año se sigue reduciendo el promedio de gasto por persona dependiente, siendo de 71,2 euros por habitante, igualmente un 53,4% inferior a la media nacional.
El 70% de las prestaciones realizadas en Ceuta y Melilla se realizan en atenciones low cost
Así las cosas, Ceuta y Melilla cuentan en estos momentos con un total de 2.799 personas dependientes atendidas, lo que supone un descenso del 3,68% (-107) con respecto al año anterior. Contrariamente a lo que ha sucedido en el conjunto de CCAA, el número de personas desatendidas (limbo) se ha incrementado hasta alcanzar las 243 personas a la espera, con un aumento inter anual superior al 64%. Con todo, al ritmo de atenciones realizado en los últimos tres años, las ciudades autónomas aún tardaría 4,3 años en reducir su lista de personas desatendidas, indica el informe.
Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 Ceuta y Melilla perdieron un 7,3% de su empleo, al reducirse hasta los 429 puestos generados. Sobre todo, por la pérdida de servicios de naturaleza residencial en un año de especial incidencia de la COVID en este tipo de servicios. Su tasa de generación de empleo desciende hasta los 30,6 empleos por millón, cuando en la media de CCAA se sitúa en 35,3 empleos/millón.
