Condenado a un año de prisión y a pagar el contenedor que quemó

Un año de prisión y el abono de una indemnización de 299 euros a la Ciudad Autónoma de Ceuta por el contenedor que quemó. Esa ha sido la condena dictada por el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 2 a un marroquí que fue sorprendido en la calle Isabel Cabral, en agosto de 2018, quemando varios de estos depósitos junto a otros dos individuos. No entrará en prisión ya que se ha acordado la suspensión de dicha pena durante tres años, beneficio que queda condicionado a no delinquir durante ese tiempo y a pagar la responsabilidad civil, tal y como se desprende de la sentencia a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta.

La pena se suspende supeditada a no cometer más delitos y a pagar indemnización

El llamado M.D. fue detenido por la Policía Nacional tras quemar uno de los depósitos destinado al almacenaje de residuos, ya que solo se le ha podido vincular con prueba suficiente con esa destrucción y no con el resto. El marroquí ni siquiera se presentó al acto de juicio oral celebrado a finales del pasado mes de marzo para dar su versión de los hechos. Quienes sí acudieron fueron los componentes del CNP que actuaron aquella noche y que ratificaron todo lo ocurrido así como los testigos principales, que narraron la quema e identificaron plenamente al acusado ya que incluso fueron ellos mismos los que, antes de la llegada de los agentes, lo retuvieron. En sentencia se considera probado que M.D. prendió fuego solo a uno de los tres contenedores calcinados al otorgar “plena credibilidad” a las testificales ofrecidas pero solo existir vinculaciones evidentes de su relación con uno de los daños. Lo hizo en compañía de otras dos personas que lograron escapar, dejando tras de sí varios depósitos calcinados.

La pena impuesta por un delito de daños es la mínima prevista, a tenor del valor que tenía el contenedor tal y como consta en el informe público que se aportó en este procedimiento.

En el acto de juicio oral el Ministerio Fiscal solicitó que se le impusiera una pena de 2 años de cárcel mientras que la Defensa solicitaba su libre absolución al considerar que su patrocinado no había sido visto en la propia acción de quemar alguno de esos depósitos.