Tras la tercera repatriación llevada a cabo entre España y Marruecos a través de la puerta del Tarajal, la Ciudad tiene el firme propósito de cerrar la nave que en estos meses ha servido de acogida a decenas de hombres y mujeres atrapados en Ceuta, tanto transfronterizos trabajadores como inmigrantes. La práctica totalidad de mujeres ha podido regresar a Marruecos, también los hombres y menores a cargo de sus progenitores. Quedan muchos en casas que prefieren ganar aquí algo de dinero y luego existe la bolsa de inmigrantes que cada vez aumenta más y cuyo propósito es marchar a la Península y no volver al país del que escaparon. El problema es qué pasará si se adopta la decisión de cerrar la nave, como así se está preparando, y en qué circunstancias quedarán estas personas.

Tenemos un CETI que ha terminado por transformarse en albergue de marroquíes, un CETI al que le sobran plazas, que tiene un mínimo histórico de ocupación y que debería ser el que, ahora, cumpla el papel de acogida de estas personas, muchas de ellas con expediente de devolución que no puede ejecutarse por el cierre de fronteras.

El Gobierno de la Nación no puede lavarse las manos e incurrir en una actitud hipócrita e irresponsable al no contestar sobre qué va a hacer con todos estos inmigrantes, teniendo un centro de estancia temporal que se nutre de fondos estatales al que ahora, parece increíble decirlo, le faltan inmigrantes.

Lo que más asombra es el silencio con el que se está tratando este asunto. Si cierra la nave, ¿dónde van a vivir estos marroquíes?, ¿qué se está fomentando con la inacción política en la búsqueda de soluciones?, ¿qué postura tiene el Gobierno de la Nación con estas personas?, ¿se piensa fomentar su estancia en la calle en los momentos más críticos de la pandemia?, ¿quién va a asumir la responsabilidad en este asunto?, ¿por qué no se puede habilitar el centro del Jaral para la acogida de estos marroquíes cuando fue concebido para ello?, ¿acaso el Gobierno aplica una selección sobre los inmigrantes que atiende y los que rechaza?

Resulta inadmisible pretender que las consecuencias de la irresponsabilidad de unos recaigan sobre las espaldas de los ciudadanos, cuando precisamente la clase política es la que debe adoptar medidas urgentes ya que está para solucionar y no para abrir nuevos frentes.