Días atrás los empresarios más importantes del país se sentaban en torno a la conferencia convocada por la CEOE, para decirnos lo que se debía hacer en la denominada “nueva normalidad”. Evidentemente, más de lo mismo. Nada de cambiar los patrones de desarrollo o de consumo. Hay que seguir igual, nos decían (aunque con más ayudas del Estado). Y, por supuesto, manteniendo lo que, a juicio de los más importantes (Zara, Banco Santander, Mercadona…..), ha sido efectivo. La reforma laboral de Rajoy. La “intocable”. Porque, a juicio de estos líderes empresariales, hay que aplicar lo que en el mundo jurídico se conoce como el “espigueo normativo”, que no es más que coger lo más favorable de cada norma (en este caso la reforma laboral de Rajoy), desechando lo que perjudica (volver al trabajo después de unos meses de ERTEs).
La reforma laboral del gobierno anterior, el del Partido Popular de Rajoy, supuso un cambio sustancial en las relaciones laborales. Por un lado, se facilitó el despido (se suprimía la autorización administrativa para el despido colectivo y se facilitaba el despido colectivo y objetivo en el sector público), y se abarató (se rebajó la indemnización de 45 a 33 días, se suprimieron salarios de tramitación…). Por otro, se crearon nuevas modalidades contractuales (contrato indefinido, pero con un año de prueba y despido libre en ese periodo) y bonificaciones. Por último, se acabó con derechos colectivos (priorizando los convenios de empresa o aumentando las causas de descuelgue) y se aumentó el poder discrecional de los empresarios. Todo ello trajo más paro y menos derechos laborales.
Como decíamos en un artículo anterior, estudios de progresividad fiscal efectuados nos indican que, aunque a partir de 2007 la desigualdad en nuestro país comenzaba a disminuir, a pesar del comienzo de la crisis financiera de 2008 y, por tanto, del incremento del desempleo, es en 2012 cuando comienza nuevamente a incrementarse dicha desigualdad, coincidiendo con un acusado descenso de la progresividad fiscal. Es decir, aunque el desempleo comienza a disminuir desde el 2012 en adelante, como indican los empresarios, lo hace mediante contratos precarios y provocando un acusado descenso de las rentas de los trabajadores (esto no lo dicen). Y justamente esta ha sido la razón del mayor componente social de las medidas de choque puestas en vigor por el gobierno español durante la pandemia, que están llevando a que la curva del crecimiento económico esté tomando la forma de v.
Evidentemente, el gobierno actual de España es un gobierno progresista y de coalición, que tiene una serie de prioridades sociales y económicas muy distintas a las que han tenido los gobiernos conservadores. Y esto se ve claramente en aquellas comunidades en las que gobierna el Partido Popular, en coalición con otros partidos de derecha o ultraderecha. La reducción de las ayudas sociales, la priorización de la privatización de la sanidad, o de la atención a la tercera edad, o de la educación, son sus señas de identidad. Pero no se conforman con ello. Quieren que el gobierno progresista actual siga manteniendo la reforma laboral injusta que ellos realizaron. Como también desean que el poder judicial siga estando en manos de los jueces conservadores, algunos de los cuales están intentando estrategias muy peligrosas en el Tribunal Constitucional, para invalidar la fórmula de juramento de un grupo bastante numeroso de parlamentarios, que, de prosperar, nos podría llevar a una crisis institucional sin precedentes en nuestra historia democrática. De la misma forma, también quieren que se siga gobernando con los presupuestos que ellos aprobaron, y solo dan margen para su prórroga.
Se trata de una estrategia de acoso y derribo al gobierno legítimo de España en la que hay aliados muy poderosos. Por un lado, están los que, aprovechando la pandemia y los miedos que la misma ha provocado en la población, se dedican a propagar mentiras y bulos, a cambio de notoriedad. Por otro está la legión de leguleyos que no duda en animar a muchos ciudadanos a que presenten denuncias y hagan reclamaciones de daños a las administraciones sanitarias, muchas de las cuales están condenadas al fracaso, pero que servirán para sacarle unos miles de euros en costas procesales a los más incautos. O, incluso más allá, intentando imputaciones penales de respetables miembros del gobierno (caso del delegado del Gobierno de Madrid). Por último, están los independentistas catalanes que, aprovechando la situación, quieren sacar partido para su absurda causa.
Son tiempos muy confusos que no nos deben llevar a la desesperación. Que unos políticos ramplones y advenedizos quieran sacar partido de la situación es la prueba de la baja calidad de sus principios democráticos. Frente a ellos debemos situarnos los que estamos convencidos de que el camino de reformas sociales emprendido por este gobierno es el correcto en estas circunstancias difíciles. No se está pidiendo la luna. Ni se está llevando a cabo ningún proceso revolucionario. Simplemente se están poniendo en marcha medidas orientadas a impedir que muchos miles de ciudadanos pasen hambre. Así de simple y de terrible. Pero también, se está intentando dar la vuelta a aquellas medidas que en su día trajeron más precariedad y pobreza a millones de trabajadores de este país. Y hacer esto tiene fundamentos sólidos en la teoría económica. Hay muchísimos estudios que demuestran que incrementar el gasto público en una situación como la actual generará empleo y crecimiento a medio plazo. Lo contrario a lo que traerían medidas restrictivas como las que se implementaron con los gobiernos conservadores anteriores.
En cualquier caso, es la opinión de muchos, entre los que me encuentro. Y por ahí debemos seguir caminando, pese a las bravuconadas de algunos irresponsables que se dedican a hacer grabaciones indecentes disparando a las imágenes de representantes políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos. En el fondo, estas veladas amenazas lo único que muestran es la extrema debilidad argumental de sus postulados. Y también, que son unos cobardes.
