El Gobierno autonómico justifica que la petición de realizar un estudio económico sobre las competencias que se podrían asumir en el nuevo estatuto de autonomía está motivado por la crisis económica que ahora mismo azota nuestro país desde hace varios años.
Recordemos que en la última reunión de la comisión que está encargada de la reforma autonómica se acordó con los votos favorables del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, y el voto en contra de la UDCE, que se iba a encargar un estudio sobre todas las propuestas realizadas por las distintas formaciones, desde el punto de vista económico.
Esas mismas fuentes consultadas por esta redacción aseguran que la primera obligación que tiene ahora mismo el ejecutivo autonómico es, desde luego, asegurar la sostenibilidad de los servicios antes de asumir nuevas exigencias que podrían llevar un coste añadido para el que ahora mismo no están las arcas autonómicas.
Se considera que la prioridad ahora mismo, en estos momentos, es que no se interrumpa el camino emprendido hace diez años y que se basa de manera principal en tres puntos: inversión pública para la mejora de las infraestructuras y frenar la destrucción de empleo, mejorar las condiciones de los servicios públicos y fomentar la cohesión social.
Esas mismas fuentes señalan que la reforma del estatuto, cuando no ha sido por una cuestión ha sido por otra, pero que es una aspiración que se ha tenido que ir aplazando.
Pero se quiere dejar bien claro que ello no significa que la Ciudad no haya avanzado en su capacidad de autogobierno, puesto que, por un lado, se ha avanzado en la cobertura financiera de los servicios, han proliferado las acciones concertadas en áreas como los servicios sociales, empleo y Educación que no son competencia de la Ciudad y se han establecido relaciones con otras autonomías como los convenios con Andalucía y Murcia, además de las jornadas de trabajo con Canarias.
Un estudio por una consultoría
En el estudio que nuestra ciudad encargó a la consultora internacional KPMG en relación con la mejora de las sociedades municipales y de la gestión diaria de la actividad autonómica, también se incluyó que se hiciera un análisis pormenorizado sobre una cuestión como es el coste de posibles nuevas competencias que se iban a asumir por parte de la Ciudad Autónoma. Ese estudio se entregará durante el mes de junio tal y como se ha anunciado.
