Es algo contrastado que cada vez nacemos menos y vivimos más, y que la esperanza de vida se incrementa, especialmente en países como España. Y todo ello, pese a los problemas del cambio climático y de pandemias como la provocada por el coronavirus en la actualidad. Así, a comienzos del presente siglo, nuestra población de más de 65 años suponía el 16,6% del total. Y de estas, por encima del 30% tenían algún tipo de discapacidad. De hecho, según los últimos datos que aporta el INE, más de tres millones de familias españolas (16% del total) conviven con alguien que requiere ser cuidado.
La Constitución Española declara en su artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Por esta razón los poderes públicos han de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art. 49 CE), garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y promoverá el bienestar de estos mediante un sistema de servicios sociales, que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio (art. 50 CE). Y todo ello con independencia de las obligaciones familiares que, como sabemos, se recogen en el art. 68 del Código Civil, al establecer la obligación de los cónyuges del cuidado y atención de los ascendientes y descendientes, y otros dependientes a su cargo.
Lo anterior significa que la atención y protección de los dependientes es un deber constitucional y un derecho de los ciudadanos. Y que el Estado ha de proporcionarlo, no como un acto de caridad institucional, sino como una obligación legal. Esto es lo que dio origen a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Dependencia, que en su Exposición de Motivos declara que: “La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.”.
Sin embargo, en la actual crisis provocada por el COVID 19 se ha visto claramente que el Sistema de Atención a la Dependencia en España está necesitado de una reforma en profundidad. Pese a que la atención domiciliaria por los denominados cuidadores no profesionales siempre ha sido una alternativa temporal, hasta tanto el sistema pudiera dar cobertura a todos los dependientes en centros adecuados, han sido precisamente en las residencias y centros de atención a dependientes donde se han producido más de la tercera parte de las muertes provocadas por la pandemia, a consecuencia de la carencia de medios y medidas de seguridad, mientras que aquellas personas mayores que han quedado aisladas en sus domicilios, pese a las deficiencias en su atención, fundamentalmente a causa de la precarización laboral del colectivo encargado de los mismos, han podido sortear mejor los devastadores efectos del virus.
Según los datos oficiales, el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, públicas, concertadas y privadas, se sitúa en 18.282, la mayoría en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es decir, los fallecidos por el virus en residencias de ancianos equivalen al 66% del total reconocido en España hasta el día 15 de mayo de 2020. De este total, Madrid y Cataluña suman 9.000 fallecidos (5.876 sólo en Madrid). Es decir, el fracaso de nuestro Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), ha sido el talón de Aquiles de los catastróficos efectos de la pandemia en nuestro país.
En el informe sobre el Sistema de Protección Social en España 2018 del sindicato CCOO (https://www.ccoo.es/42ea0c6c33b835bc1a4e468e110ab133000001.pdf) se advierte de los recortes que se introdujeron por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, que supusieron la paralización del calendario de implantación de coberturas previstas en la Ley de Dependencia. Y también del efecto colateral detectado a consecuencia de estos recortes sobre la calidad y la estabilidad del empleo generado, reflejadas en la tasa de parcialidad de la actividad, que se ha incrementado desde el 9,1% al 15,4% en los servicios residenciales, conforme al análisis de los microdatos de la Encuesta de Población Activa que hace el sindicato CCOO en el informe anterior.
La revista Contexto publicaba el pasado 10 de mayo un artículo titulado “Privatizaciones S.A.” de Eoghan Gilmartin, donde informa de que décadas de privatizaciones y subcontrataciones habían dejado a Madrid con solo 25 residencia de ancianos totalmente públicas (de un total de 426), mientras que una gran parte del resto del sector está dominada por un pequeño número de empresas. La escasez crónica de personal y medios que ello provocó ha dado como resultado que el servicio ya estuviera sometido a una carga excesiva y a una falta de medios básicos antes de que comenzara la pandemia. “Para muchas de estas empresas un anciano es un valor con el que especular. El personal que contratan está bajo mínimos y con sobrecarga de trabajo, con falta de medios básicos”. Es lo que declaraba Carmen López, del grupo de presión Marea de Residencia, al diario El País.
Cuando todo esto pase, será el momento de efectuar un análisis sereno de los efectos de la pandemia por Comunidades Autónomas y de las causas concretas, como la falta de medios por las privatizaciones, tanto de los centros de atención a la tercera edad, como del sistema sanitario. Entonces se podrán visualizar con mayor objetividad las culpabilidades de todo tipo. Pero no viene nada mal adelantar varios datos. Madrid, con más de 8.500 muertes registradas (30% del total) se ha convertido en el epicentro de la pandemia del covid-19 en Europa. Andalucía, con uno de los menores porcentajes de contagios y muertes del país, tiene, sin embargo, el de mayor porcentaje de contagios entre sanitarios.
¿No es paradójico que en ambas Comunidades sea donde se están registrando manifestaciones residuales en determinados barrios lujosos, con algunas personas envueltas en la bandera de España, como si les perteneciera, reclamando la dimisión del Presidente del Gobierno de España?. Y, además, sin guardar las distancias de seguridad. Quizás a la presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid le vendría bien leer la biblia en su lujoso apartamento del confinamiento, antes de irse a rezar a la Almudena para pedir a su Dios por los muertos por el coronavirus, y reflexionar sobre lo que decía San Mateo: ¡Hipócrita! saca primero el tronco de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.” (Mateo 7:1-5).
