El argumento que más tiempo llevó al líder de la UDCE durante su intervención en el pleno de presupuestos fue la falta de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como incumplimiento del equipo de gobierno, recordándoles que era una promesa que se había hecho en su momento “para acabar con el enchufismo del GIL y no se ha cumplido”.
Reflejó que no era ni una amenaza ni una coacción, pero dejó caer que podían acudir a los tribunales de Justicia para exigir el cumplimiento de la RPT, “porque es una exigencia legal y estamos legitimados para ir a los tribunales, aunque luego nos acusen ustedes de judicializar la vida política de nuestra ciudad. Además, existen sentencia que han anulado presupuestos por la no existencia de RPT y las conocen”.
Dejó claro que el presupuesto que se presentaba a aprobación de la Asamblea era un plagio de otro años, “porque Ceuta sigue dependiendo del Estado y no se genera ningún nuevo tipo de ingresos como no sea el subir los impuestos”.
Se detuvo, por otro lado, en recordar que el año pasado ya propusieron una rebaja de un cinco por ciento en las asignaciones de los sueldos de los diputados y que en esta ocasión llevaban la eliminación completa de esas indemnizaciones.
Negó que las políticas sociales se hubieran incrementado en un quince por ciento y reflejó que al IMIS había que darle efectividad, porque nada más que se había logrado que llegaba a unas ochenta familias de nuestra ciudad.
Echó en falta alguna medida para la reducción del endeudamiento y argumentó que el Banco de España seguía manteniendo la deuda de nuestra ciudad en más de cien millones de euros.
Defendió que ellos si habían presentado a lo largo de la legislatura medidas para mejorar la actividad económica de nuestra ciudad, posicionándose a favor de la entrada de Ceuta en la Unión Aduanera o poniendo encima de la mesa la necesidad de una aduana comercial con Marruecos.
De la misma manera aclaró que ellos exigieron que se incrementara la denominada cláusula social que obliga a las empresas que contratan con la Ciudad Autónoma a que un treinta por ciento de sus trabajadores sean de nuestra ciudad, con el objetivo de reducir el desempleo.
Se quejó, asimismo, de un panorama absolutamente “desolador en materia de vivienda cuando muchos ceutíes están necesitados”.
Por último, sentenció que el gobierno no puede acomodarse con recibir dinero desde Madrid “porque no podemos ser una carga para el Estado, a pesar de que aplaudamos la solidaridad que queda recogida en nuestra Constitución”.
