El Defensor del Pueblo ha reclamado que continúen los traslados de inmigrantes acogidos en los CETI de Ceuta y de Melilla a la Península debido a que la masificación en los centros puede poner en riesgo a las personas, haciendo especial hincapié en la situación de los menores. Francisco Fernández Marugán ha traslado ya al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones su preocupación por “la tradicional sobreocupación” de estos dos centros, en los que, además, “suele encontrarse un número significativo de menores”, explica la entidad. El Defensor insiste en la necesidad de las salidas ya que la sobreocupación actual puede “producir contagios en unas dependencias que no están preparadas para tal eventualidad”.
Al Defensor le preocupa especialmente la situación de las familias con menores a su cargo que se encuentran en estos centros, poniendo ejemplos específicos de situaciones de inmigrantes con hijos que no son trasladados y llevan meses en esos CETI, por lo que ha formulado una sugerencia a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que autoricen urgentemente los traslados.
Tampoco se olvida de la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados, ya que el Defensor valora que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya aceptado las recomendaciones que le realizó a principios de marzo para mejorar la documentación de los menores extranjeros no acompañados y facilitar su tránsito a la vida adulta en igualdad de condiciones que el resto de jóvenes españoles y extranjeros.
Con sus resoluciones, Fernández Marugán pretendía garantizarles todos los derechos que les corresponden como niños y niñas y evitar que cuando alcancen la mayoría de edad tengan que abandonar su situación de regularidad documental por los elevados requisitos que se les exigen.
En su escrito, el ministro acepta las recomendaciones y asegura que comparte con el Defensor la necesidad de establecer mecanismos que permitan que el menor que alcanza los 18 años pueda acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que los jóvenes españoles o los extranjeros que residen con sus familias.
Así, expone que en la reforma de la normativa de extranjería que tiene previsto iniciar, se abordará la racionalización del sistema de documentación de estos menores para evitar que cuando accedan a la mayoría de edad se vean abocados a abandonar su situación de regularidad documental por la alta exigencia de requisitos.
A lo largo de los años, la Institución ha recibido numerosas quejas que ponen de manifiesto las dificultades de estos menores para acceder a la autorización de residencia y para renovarla una vez que alcanzan la mayoría de edad. Las quejas recibidas también demuestran que con alarmante frecuencia un elevado número de menores extranjeros no acompañados no obtienen la autorización de residencia que les corresponde durante su minoría de edad.
Salidas ocasionales de los niños a la calle
El Defensor ha planteado además que los niños puedan salir a la calle de manera limitada y tomando las debidas precauciones. La Institución ha trasladado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su preocupación por la situación de los niños que se encuentran confinados en sus casas, especialmente al mantenerse las medidas excepcionales durante un periodo dilatado de tiempo.
El Defensor comprende y comparte esta preocupación por la salud física y mental de los niños que le trasladan numerosos ciudadanos. Además, apunta que son muy difíciles las condiciones de convivencia para los menores y sus familias cuando el número de miembros de la unidad familiar es alto y las viviendas reducidas.
Por ello, y aunque aprecia positivamente la eficacia que está demostrando la restricción de movimientos de los ciudadanos para el objetivo prioritario de detener la epidemia, la Institución cree que, en la medida en que sea posible y si no hay objeciones técnicas, debería permitirse algún tipo de salida de los menores con sus padres, aún limitada en el espacio y el tiempo, de manera controlada, tal y como ya sucede en algunos países de nuestro entorno.
Para evitar que se produzcan vulneraciones de derechos al no conocer debidamente las restricciones, Fernández Marugán ha recomendado elaborar unas instrucciones internas dirigidas a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil en las que se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que sí están amparadas por las excepciones que recoge el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma.
Atención a una queja de Plena Inclusión
Tras recibir una queja de la asociación Plena Inclusión en la que denunciaban el acoso que sufren algunas personas con discapacidad intelectual cuando salen a dar paseos terapéuticos, paseos que sí permite el decreto por el que se regula el estado de alarma, el Defensor ha iniciado otra actuación ante la Secretaría de Estado de Seguridad.
En su escrito, Fernández Marugán ha propuesto a la citada administración que, dado que desde el punto de vista normativo no existe impedimento a estos movimientos, realice una campaña de divulgación y difusión sobre la existencia de estas excepciones para que las personas con discapacidad no sean víctimas de acoso o agresiones.
Además, pide que se sancione a quienes con su conducta incívica vulneren el derecho de estas personas a ejercer su libertad de circulación y sus salidas terapéuticas mientras dure el confinamiento decretado en el estado de alarma. En Ceuta ha habido al menos una denuncia por parte de una familia que salía con una persona con discapacidad intelectual en su coche y fue denunciada por la Policía Local.
Colegios y residencias de ancianos
Fernández Marugán también ha atendido la situación generada por el cierre de los colegios poniendo especial atención en las consecuencias académicas que esta crisis sanitaria tendrá sobre los alumnos, especialmente sobre los que no pueden tener acceso a los sistemas de educación a distancia por no disponer de los medios técnicos necesarios o por la falta de medidas de accesibilidad, lo que constituye un factor de desigualdad social que compromete el acceso a la educación en igualdad de condiciones.
El Defensor está haciendo un seguimiento de las líneas de actuación que a través de la Conferencia Sectorial están consensuando tanto el Gobierno de la nación como los gobiernos de las comunidades autónomas para que ningún alumno resulte perjudicado por esta excepcional situación.
Fernández Marugán es partidario de que se establezcan medidas para atender a los alumnos sin acceso o con acceso limitado a la formación no presencial y considera necesario llevar a cabo refuerzos educativos en los próximos cursos para suplir las carencias formativas que se hubieran producido en este. En su opinión, estos refuerzos deberían ofertase desde ahora y para todos los alumnos y no sólo para los que presenten necesidades específicas.
En algunos casos puntuales la Institución ya ha realizado actuaciones para garantizar que menores con algún tipo de discapacidad puedan recibir los apoyos que necesitan. El Defensor recuerda que las diferentes administraciones educativas deben garantizar el acceso universal a la educación virtual cumpliendo con las medidas de accesibilidad, de modo que todos los alumnos puedan acceder a los contenidos lectivos y realizar las actividades propuestas.
Sobre las residencias de ancianos, que en Ceuta de hecho fueron blindadas antes del estado de alarma, desde el Defensor se ha hecho hincapié en que habrá un seguimiento y análisis sobre todas las medidas que se han puesto en marcha a modo de prevención en estos centros.
Condiciones laborales empleados públicos y centros penitenciarios
La Institución ha iniciado actuaciones para interesarse por las condiciones laborales en las que están realizando su labor los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos y los funcionarios de los centros penitenciarios, dirigiéndose a la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer las medidas para proteger su seguridad y su salud durante la pandemia.
En un escrito al ministro del Interior, el Defensor planteaba que este personal presta un servicio esencial por lo que, en su opinión, se les debía facilitar los dispositivos de detección del Covid-19, así como los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.
El Defensor continúa además en permanente contacto con los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), que ya han enviado información sobre las actuaciones que están realizando para preservar la salud de internos y funcionarios. “Esta información demuestra el importante esfuerzo que está realizando la SGIP”, detalla. No obstante, la Institución le ha solicitado información más detallada, preguntando por ejemplo si están aplicando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para abordar el problema del Covid-19 en el medio penitenciario que son “plenamente” compartidas por el Defensor del Pueblo.
También le ha solicitado datos sobre cambios en la clasificación penitenciaria de personas vulnerables como mayores de 70 años, embarazadas o enfermos crónicos desde que se decretó el estado de alarma y medidas de carácter sanitario adoptadas para proteger a estos grupos. La Institución aboga por facilitar las progresiones de grado de estas personas. En este sentido, considera que se debe impulsar la celebración de juntas de tratamiento telemáticas y la remisión de la documentación precisa por vía electrónica.
Además, se ha interesado por los protocolos de comunicación con las familias para informarles de la situación sanitaria de los internos. Fernández Marugán considera que en este momento es fundamental que la información fluya cotidianamente para prevenir la propagación de noticias falsas (fake news). Por otra parte, ha pedido más información sobre las medidas adoptadas para la adecuada protección de los funcionarios, la desinfección de centros y la realización de test.
Por último, la Institución también ha abierto una actuación de oficio con las administraciones penitenciarias para conocer cómo se está llevando a cabo el reparto de teléfonos móviles para videoconferencias con familiares y abogados. El Defensor considera que debe incrementarse el número y la velocidad en la distribución de estos terminales.
