La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha incoado diligencias preliminares para investigar las supuestas irregularidades que fueron denunciadas por la UDCE en torno al ‘caso de las facturas’, derivado de la gestión al frente de Gobernación que provocó el cese del consejero José Antonio Rodríguez Gómez. La Sección ha dado traslado del caso a la Fiscalía y ha solicitado la personación como denunciante de la UDCE, trámite que se ha llevado a efecto, tal y como ayer confirmó el portavoz del partido, Mohamed Alí.
Lo que tiene que hacer ahora el principal partido de la oposición es “individualizar” los supuestos de responsabilidad y “los preceptos legales que, en cada caso, se consideren infringidos”, así como “las personas contra las que dirige la acción y los perjuicios sufridos en los fondos” de la Ciudad, según le advierte el Tribunal en su resolución.
La respuesta que ahora da el Tribunal de Cuentas responde a la denuncia que hiciera pública el propio Mohamed Alí tras ser rechazada la comisión de investigación en torno a los gastos llevados a cabo por Rodríguez Gómez al frente de la Policía Local. La auditoría hecha por el Gobierno desveló irregularidades administrativas que fueron detectadas en el fraccionamiento de los pagos, provocando que la UDCE pusiera en conocimiento estos extremos ante el Tribunal de Cuentas.
El principal partido en la oposición ha instado al Tribunal a que sea quien valore la documentación atendiendo a las facturas que reflejan obras por contratos adjudicados a empresas concretas.
Tras el cese de Rodríguez Gómez y sin que el Ejecutivo vinculara ambas acciones, se ordenó una auditoría externa que se saldó con irregularidades administrativas que nunca supusieron un “quebranto” para las arcas municipales.
El Pleno de la Asamblea rechazó que una comisión de investigación ahondará en lo sucedido, a pesar de ser solicitada por los dos principales partidos en la oposición, el PP y el PSOE.
