Nueva vuelta de tuerca en la polémica generada tras que Hacienda anunciara un plan para la estabilidad en el empleo, que se centraría en acabar con la temporalidad de 110 empleados de la Ciudad. Caballas asegura que su coalición no se opone a la estabilidad en el empleo, pero sí a la utilización de falsos “planes de estabilidad” para “encubrir los enchufes de personas vinculadas directamente al Gobierno de Vivas”, asevera.
Según la coalición integrada por Alí y Aróstegui más sus respectivos frentes, el Gobierno se ha ceñido a responder “furibundamente” a la críticas de Caballas pero sin “aclarar ninguna de las denuncias realizadas por la coalición, por lo que dejan muy a las claras que lo expuesto por nosotros es absolutamente cierto”, matiza. “El Gobierno, como hace habitualmente, pretende ocultar sus deplorables actos distrayendo la atención de la ciudadanía con una retahíla de mentiras y señuelos”, avanza en nota de prensa.
Caballas defiende la labor de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento negando que éstos hayan pactado plan alguno con el Ejecutivo, ya que el “plan de enchufismo no ha sido negociado en ningún momento. El Gobierno ha tratado individualmente con cada trabajador. La Ciudad anuncia el Plan el 10 de noviembre tras haberse reunido con los trabajadores y a las centrales sindicales no se les comunica nada hasta el viernes 12 de noviembre”, denuncia.
Hay más datos. Según Caballas el 80% de los trabajadores que se verían afectados por este plan de estabilidad son ya indefinidos por ley, “no por la voluntad del gobierno. Es más, el cambio de contrato les puede perjudicar en sus derechos respecto a la situación actual”, añade.
En sus acusaciones la coalición va más allá al hablar incluso de posible fraude. “Éste se produce en el colectivo de trabajadores que el Gobierno contrató a través de ofertas genéricas del INEM que fueron duramente criticadas por los sindicatos, e incluso denunciadas en los juzgados; por no garantizar los principios de capacidad mérito y publicidad”, critica. Según Caballas, “para acceder a un puesto de trabajo en una administración pública es obligatorio superar unas pruebas selectivas. El Gobierno de Vivas, al más puro estilo ‘gilista’ elimina de un plumazo el mecanismo legal. Si se trataba de plazas necesarias deberían haberlas sacado a Oferta Pública de Empleo, dando la oportunidad a todos los ciudadanos de competir por ellas en plano de igualdad”, indican. “El Gobierno justificó, en su día, la utilización de este sistema de contratación alegando que se trataba de plazas temporales. Una vez contratados, se les consolida el puesto, de forma que se han convertido en indefinidos sin pasar ninguna prueba y evitando las competencia con otros ciudadanos”. “No es casualidad”, continúa Caballas, “sino una prueba irrefutable del enchufismo, que la esposa del jefe del gabinete del presidente, y una persona muy vinculada al consejero de Recursos Humanos (que promueve el Plan), se vean ‘agraciados’ con esta maniobra”. “Ya en 2007 entra por un contrato por ‘circunstancias de la producción’, fueron seis las plazas que se crearon para trabajadores sociales. En 2008, la Ciudad decide abrir un proceso para convertir a algunas de estas personas en interinas. Se realiza una prueba y la esposa de Sánchez Paris, no la pasa, las plazas convocadas eran para gestionar y agilizar el IMIS. Al año siguiente, en 2009, la consiguen contratar a través de una solicitud genérica del INEM. Pasa a realizar sus labores en el IMIS, donde se la quiso colocar desde un primer momento. Ahora pasará a indefinida”.
