El juez instructor del Tribunal de Cuentas que estudió la denuncia presentada por Comisiones Obreras contra la Ciudad Autónoma por un presunto delito en la construcción de las viviendas de la promoción de Monte Hacho ha recomendado que no hay ningún tipo de irregularidad por parte del equipo de gobierno.
Recordemos que la denuncia de Comisiones Obreras se centraba en que se había podido producir un presento delito de malversación de fondos o de alcance contable, al no justificarse los gastos del dinero que el entonces Ministerio de Fomento envió a Emvicesa para la construcción de estas viviendas.
Comisiones argumentaba que se había reducido tanto el número de viviendas como el de garajes sobre el proyecto inicial.
Pues bien, hace unas tres semanas en la sede del Tribunal de Cuentas se produjo la vista de este caso, al que asistieron por un lado el consejero de Hacienda y Recursos Humanos, además de presidente de Emvicesa, Francisco Márquez y el letrado de Comisiones Obreras, Aureliano Martín Segura.
En la documentación aportada por la Ciudad Autónoma existían dos documentos que han sido considerados claves por parte del mencionado juez instructor del Tribunal de Cuentas.
El primero de ellos es la ampliación del convenio que tenía el Ministerio de Fomento con la Ciudad Autónoma de Ceuta que pasaba de diez a doce millones de euros.
Según la propia explicación de la Ciudad Autónoma se establecía que la ampliación venía motivada por el gran coste que tuvo el movimiento de tierras como consecuencia de las dificultades que tenía el terreno elegido para la edificación.
Además, ese fue el momento procesal oportuno para que también por parte de la Ciudad se comunicara al Ministerio de Fomento que se hacía necesario reducir el número de viviendas y garajes, obteniéndose la oportuna luz verde.
Y el segundo documento es el compromiso por escrito de la Ciudad Autónoma de asumir de manera directa la construcción de las viviendas que faltan hasta completar el proyecto.
En esa vista por parte del juez instructor se comunica que no observa ningún tipo de los ilícitos que planteaba Comisiones Obreras en su denuncia de unos meses antes.
Ahora habrá que esperar a que por parte de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuenta se decida el archivo de la causa, partiendo de la base del informe previo del instructor que ha entendido de esta denuncia.
