La portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, concluyó ayer que tan sólo ha habido “irregularidades administrativas” en la tramitación de las facturas correspondientes a las obras que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Policía Local y Bomberos, en torno a las cuales los sindicatos solicitaron el pasado 23 de septiembre una auditoría.
Pues bien, el resultado de la misma es el que reza: hubo irregularidades administrativas en la forma de presentar los gastos pero no se cayó en un “enriquecimiento injusto” de nadie. Así también Bel, que presentó la auditoría acompañada del consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, indicó que los precios de los materiales se corresponden con los costes habituales. Esto es lo que concluye el informe elaborado por técnicos de Fomento y Hacienda que consideran “irregular” que se “fraccionara el pago de más de 30 contratos de menos de 3.000 euros obras que en realidad se tramitó como suministros”. Se viene a confirmar así lo que ya adelantaba ‘El Faro’ esta semana.
A juicio de Bel con la comparecencia de ayer se ofrece una visión del problema generado tras el cese de José Antonio Rodríguez Gómez “clara y meridiana”. Tan “clara” que todavía sigue insistiendo el Gobierno en que su salida nada tuvo que ver con estas irregularidades que se mueven en el ámbito administrativo y no penal, sino con el mal funcionamiento de la Policía Local.
Considera así el gobierno que no cabe otro tipo de interpretaciones y que la medida “se ha tomado ya” con la puesta en marcha de una auditoría. Bel quiso dejar claro que nunca se produjo un quebranto de las arcas municipales, es decir, que nunca se robó.
El Gobierno cierra la auditoría con lo que se conoce pero deja la vía abierta a que “si alguien” considera que debe utilizar la vía penal “tiene libertad para ello”, aclaró.
La portavoz insistió en que la destitución de Rodríguez Gómez se llevó a cabo porque se quería “dinamizar Gobernación”, es decir, porque funcionaba mal la Policía Local y había que recurrir a un cambio de dirección, de ahí que se eligiera a Manolo Coronado.
“Son cuestiones distintas, aunque se dan en el tiempo, pero no tienen nada que ver, no están relacionadas”, insistió, matizando que nada tiene que ver el cese de Rodríguez con la auditoría practicada ya que esta se inició tras conocerse el escrito de los sindicatos.
Aprovechó la portavoz para resaltar que el Gobierno había sido “prudente” para no hacer daño gratuito al consejero. “Ni hemos culpado, ni hemos juzgado, ni tachamos a nadie de nada”, aclaró, denunciando la postura adoptada por la coalición Caballas al ver un presunto caso de malversación de fondos tras este cese. “Actuaron de forma precipitada, sin conocer el asuntos, sin tener facturas. Se acercan las elecciones y se va a criticar todo, porque todo es relativo y criticable. No tenía informes de nada y ya juzgó intentando sacar un rédito político”, avanzó.
Mientras Bel y Doncel comparecían ante los periodistas, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, mantenía una reunión con los representantes sindicales de CSI.F, CCOO y UGT tanto en Policía como Bomberos. Posteriormente el propio Vivas reuniría a los consejeros para informarles de los resultados de la auditoría.
El informe recabado por el Gobierno local muestra dos grupos de obras distintos, uno primero por valor de 150.984 euros, referente a obras en las dependencias de la Consejería (tres en bomberos y una en la Policía Local), y que según los técnicos se ajusta a los procedimientos habituales de contratación sin ningún tipo de pega. Estas actuaciones representan el 62% del importe total.
El segundo grupo es de contratos de suministros por 88.839 euros, que representan el 37% de las actuaciones y que es en donde hay las irregularidades mostradas. Se trata de 32 propuestas en las que todas menos una están en valores inferiores a los 3.000 euros, es decir sin necesidad de licitación pública y adjudicados a dos empresas ceutíes. Según Bel se trataría de pagos fraccionados que se habrían tramitado por lo que no son. Así existiría un “déficit por no la participación de un facultativo de obras”. Bel insistió que pese a estas infracciones las obras se realizaron y su precio se ajustó a la realidad del mercado. ¿Por qué se eligió esos pagos fraccionados? “No para evitar algo, o para tapar”, dijo Bel; quizá para “aliviar los procedimientos de contratación”, secundó Doncel.
El Gobierno considera que no cabe dar más pasos políticos tras el informe presentado porque se han depurado responsabilidades. Es más, no tiene intención de escuchar al consejero destituido para que explique la forma de pago que mantenía. Tampoco considera que el Gobierno se ve afectado por ello ya que dejó claro que cada uno es responsable de lo que hace. Moviéndose en hipótesis indicó que “quien mete la mano” debe irse, siendo ese hipotético robo su responsabilidad, no del Gobierno,
Por su parte Juan Manuel Doncel, en declaraciones como secretario general del PP en Ceuta, dijo a los periodistas que no se ha estudiado todavía si adoptar alguna medida en el partido con Rodríguez Gómez pero que si se debate adoptar alguna postura sería “a nivel interno”.
