El problema que representan los inmigrantes subsaharianos que se encuentran en protesta se hace mayor conforme pasan los días. No sólo afecta a la Policía, que debe reestructurar a sus agentes para cumplir con la resolución dictada por el delegado del Gobierno, sino también al ámbito judicial, que se enfrenta a una acumulación de causas y expedientes que no se sabe cuándo terminarán.
De entrada los subsaharianos han sido citados para una sesión judicial que se celebrará en octubre. Y es aquí donde aparece el primero de los grandes problemas. ¿Dónde albergar un macrojuicio con 35 imputados? No existe sede judicial alguna para ello ni en los juzgados de lo Penal ni en la Audiencia. El debate está ahí ya que hay partes enfrentadas a la hora de decidir este extremo: hay actores judiciales que son partidarios de hacer juicios por separado y los hay que defienden incoar una única causa para los 35 subsaharianos acusados de un delito de desobediencia que, además, ya arrastran una falta.
Otro problema añadido es el representado por las repeticiones en las detenciones, al tener que incoarse múltiples causas que se irán sumando hasta que tenga lugar la vista judicial. ¿Qué pasará entonces? Es aquí donde está la clave del asunto: si los subsaharianos son condenados ingresarían en prisión al tener penas acumulativas por delitos de desobediencia que comprenden desde los 6 meses hasta el año. Pero ¿y si quedan absueltos? Es otra salida más que probable que dejaría sin sentido las actuaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad que han basado sus últimas detenciones en vetar una concentración de inmigrantes que únicamente están sentados en la plaza de los Reyes, sin gritos y sin atentar contra la salud pública.
La problemática no ha hecho más que asomar porque cuando los subsaharianos tengan que ser puestos a disposición judicial tras cumplirse el plazo máximo, quedarán en libertad al no haberse celebrado todavía juicio, repitiéndose, de nuevo, la misma película.
De momento el hartazgo y la presión judicial es clara; no así la policial, en cuanto a uso de infraestructuras, ya que los sindicatos del ramo han indicado que, de momento, al estar detenidos en los calabozos del Tarajal no se están registrando problemas de masificación.
