El Gobierno prepara algunas ofertas para presentar a la oposición en las próximas reuniones que se convoquen de la comisión autonómica.
Ahora mismo, la intención que tiene el ejecutivo es que una vez pasado el Ramadán y con fechas más libres por parte de la UDCE tienen la intención de que se produzca una convocatoria para las próximas semanas.
Recordemos que cuando el grupo parlamentario popular finalizó la redacción del documento que se le encargó para mejorar el actual estatuto de autonomía, una copia del mismo se entregó a los grupos de la oposición para que ellos analizaran todas las propuestas y que su análisis se remitiera a la misma comisión.
Lo que ahora está pendiente es que el Gobierno le de una respuesta tanto al PSOE como a la UDCE en el sentido de que le han parecido las respuestas ofrecidas e intentar comenzar a consensuar distintos puntos de la reforma estatutaria.
Como ya se ha repetido en varias ocasiones, la idea del Gobierno es que se produzca el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas, pero de manera especial con los socialistas.
No olvidemos que desde la pasada legislatura hay un entente entre ambos partidos nacionales, donde ambos se comprometen a no llevar ninguna reforma al Congreso de los Diputados, si con anterioridad no hay un consenso pleno. Un consenso que también se quiere establecer con la Unión Demócrata Ceutí que lidera Mohamed Alí.
El mismo presidente Vivas, en las declaraciones que efectuó a este medio de comunicación, en la jornada del dos de septiembre, volvió a repetir que continúa siendo una prioridad para el Gobierno que preside la reforma del mencionado estatuto, sin dejar de reconocer la importancia que ha tenido para el autogobierno de Ceuta el que actualmente está en vigor.
Una reforma que es muy ambiciosa
La reforma que preparó el grupo parlamentario popular sobre la reforma del actual estatuto de autonomía tenía unas consideraciones bastantes avanzadas. Tal y como se definió en su momento, la intención era, por supuesto, que el nuevo estatuto ceutí estuviera en la línea de los que se consideraban estatutos de nueva creación, como han sido los últimos que fueron aprobados por el Congreso de los Diputados a lo largo de los últimos años y desde 2004.
