La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio interesándose por las acciones previstas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para dar cumplimiento a las medidas de ampliación de la estructura del Ministerio Fiscal en Andalucía, de la que también dependen las fiscalías de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Maeztu, según el texto de la queja consultado por Europa Press, considera "necesario que se proceda a la ampliación de la plantilla en la provincia de Cádiz, las Fiscalías de Área de Algeciras y Jerez de la Frontera, las Fiscalías de Área de Ceuta y Melilla, así como la Fiscalía Provincial de Málaga", donde "extienden su influencia dichas organizaciones criminales (dedicadas al tráfico de personas o drogas) y en provincias limítrofes hacia donde se está desplazando la criminalidad (Almería, Huelva o Motril)".
De este modo, en su exposición de motivos, dicho decreto señala, entre otras cuestiones, que "la Fiscalía de Cádiz, durante el año 2017 y de manera sistemática durante los años anteriores, ha necesitado Fiscales de refuerzo en atención a la sobrecarga de trabajo. Esta situación se ha visto agravada desde el año 2017 debido a que la realidad de toda la zona de influencia del Estrecho de Gibraltar viene marcada profundamente por delitos de tráfico de personas y de estupefacientes, que se producen con una virulencia muy superior a la del resto de España y que tienen diariamente su reflejo en los medios de comunicación".
Pide una hoja de ruta para los "tan esperados" refuerzos fiscales
El defensor del Pueblo de Andalucía basa sus argumentos en dicha queja que el Boletín Oficial del Estado (BOE), de 13 de abril, publica el Real Decreto 255/2019 por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, deteniéndose "con detalle" en el ámbito geográfico de Andalucía.
Pero además, Maeztu afirma que el decreto señala la ampliación que se fija para el territorio andaluz, unas medidas organizativas con las que, asegura, "pretenden responder a una demanda largamente expresada por todos los operadores jurídicos andaluces, a las que se han sumado circunstancias de urgencia demandadas por toda la sociedad".
A juicio del Defensor, las medidas de refuerzo, largamente demandas, "exigen una pluralidad de respuestas y de actuaciones complementarias" y añade que "una, sin duda de carácter esencial, es la correlativa puesta a disposición de los medios personales y materiales que dicha ampliación implica".
De ahí que en el ámbito de responsabilidad de la Consejería de Justicia a Maeztu le interese conocer la programación que se va a adoptar para hacer efectiva dicha ampliación de la estructura del Ministerio Fiscal en cuanto a las medidas de apoyo de personal y material, que inciden en el ámbito competencial autonómico.
"Por tanto, esas dotaciones de ampliación en el ámbito del Ministerio Fiscal en Andalucía habrán de ser atendidas conforme la legislación señala para contribuir a la efectiva puesta en marcha de tan esperados refuerzos fiscales para el territorio andaluz", manifiesta la Defensoría.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo apunta que inicia actuación de oficio y, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería que dirige Juan Marín, solicita informe sobre las acciones previstas para dar cumplimiento a las medidas de ampliación de la estructura del Ministerio Fiscal en Andalucía.
