El empecinamiento y la unidad mostradas por los socios de Hoarce han sido los factores que les han mantenido activos en el mercado de áridos, después de que en 2006 les fuera vetado su derecho a optar a la adjudicación de la cantera que Defensa mantiene en propiedad en Benzú. La sentencia publicada por ‘El Faro’ y dictada por la Audiencia Nacional les da, cuatro años después, al considerar que la decisión de adjudicar ‘a dedo’ dicho yacimiento no se ajustó a derecho ya que Defensa debería haberla sacado a concurso facilitando a las empresas la libre participación.
La decisión, ahora condenada por la Audiencia, que adoptó el Ministerio ha causado graves perjuicios económicos a Hoarce, que ha sufrido un incremento económico del árido en un 300%, ya que al transportarlo en barco desde la península hasta Ceuta les resulta notablemente más caro.
La monopolización de la cantera ha provocado una merma económica y según estimaciones de la propia Hoarce, el hecho de traer el material desde fuera supone un gasto extra entre 50.000 y 80.000 euros.
La empresa ha podido mantenerse en el mercado debido al tesón de los socios que la integran. Ahora, con la sentencia en la mano, esperan que concluya este proceso judicial cuando la misma sea firme, periodo en el que el Ministerio tendrá que pagar por los perjuicios provocados. Desde Hoarce se ha recalcado que siempre se tuvo “fe en la justicia”, en que “tarde o temprano” llegaría la sentencia que ahora tienen entre manos y que da la razón a todos los fundamentos que ellos siempre han defendido.
La decisión de Defensa de evitar el concurso frenó la igualdad de condiciones en el sector, provocando un daño continuado durante más de tres años.
En el informe elaborado por quien fuera comandante general, Luis Gómez Hortigüela, se especificaba la confianza del estamento con la empresa que resultó adjudicataria, Cantesa, obviando que desde años Hoarce ha sido proveedora de material de construcción a los militares.
Informes secretos no desclasificados
La Audiencia Nacional no estimó la conveniencia de que los informes considerados confidenciales en los que se amparó Defensa para adjudicar la cantera sin paso de concurso fueran desclasificados. Así no se supo el contenido de los mismos ni si hubo críticas dirigidas en concreto hacia Hoarce para que no fuera adjudicataria de la cantera ni pudiera optar a dicho proceso. Esos informes se elaboraron en la misma época en la que estalló la polémica por el espionaje militar a civiles.
