Aunque el Gobierno autonómico ha querido mantener la lealtad institucional con el ejecutivo central lo cierto es que al final la Administración General del Estado no ha respetado el convenio que había firmado hace varios años con la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde hace varios meses se conocía la intención, que definitivamente ha sido confirmada, de la reducción de un cincuenta por ciento en el acuerdo que existía para el mantenimiento de los menores no acompañados. De los dos millones ochocientos mil euros se ha pasado a un casi un millón seiscientos mil. Ha sido un recorte brutal en una partida donde la Ciudad Autónoma de Ceuta está asumiendo competencias que aunque la ley diga que son suyas, la razón ofrece que pertenecen al Estado. Porque el noventa y cinco por ciento de los menores que está bajo la custodia de la Ciudad Autónoma de Ceuta son marroquíes y, por tanto, es un problema de emigración ilegal. La emigración es una cuestión del Gobierno central y bastante hace Ceuta con remar con situaciones que no son suyas y además sin posibilidad de devolución.
