Plena inclusión recuerda a los europarlamentarios demandas que mejorarían la vida de las personas con discapacidad intelectual
Plena inclusión España, confederación que agrupa a 925 entidades que trabajan en todo el Estado con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se felicita de la oportunidad que supone para el Parlamento Europeo asumir nuevos retos en el desarrollo de los derechos de este colectivo que agrupa a 470.000 personas.
En relación a las personas con discapacidad, la UE y sus Estados miembros tienen un mandato explícito que les alienta a mejorar la situación social y económica. Además de las competencias propias en asuntos referentes a la política social y la justicia, existen competencias complementarias de los Estados miembros respecto a educación, cooperación administrativa o sanidad que también atañen a las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Principales reivindicaciones al Parlamento Europeo:
•Dotar de financiación, a través de los Fondos Estructurales, que permitan a los Estados miembros financiar procesos de desinstitucionalización incluido el desarrollo de servicios comunitarios adecuados para las personas con discapacidad intelectual, incluidas aquellas con más necesidades de apoyo.
• Revisar y aprobar el texto de la propuesta de directiva horizontal sobre igualdad de trato. El texto debe revisarse en dos sentidos: ampliación del alcance y garantía de efectiva protección de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
• Utilizar el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, a través del Plan de Inversiones para Europa, para llevar a cabo proyectos para el establecimiento de apoyos en los centros educativos ordinarios de enseñanza primaria, secundaria y universitaria con objeto de dotar de los apoyos necesarios a los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad intelectual y del desarrollo.
• Proponer una directiva sobre la obligación legal de realizar de ajustes de procedimiento en los procesos judiciales que permitan a las personas con discapacidad acceder a la justicia en igualdad de condiciones.
• Aprobación de una Ley de accesibilidad europea que cumpla con los estándares de la Convención negociada con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Dicha Ley de accesibilidad deberá incluir explícitamente previsiones relacionadas con la accesibilidad cognitiva.
