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Ha sido presentado al comité de expertos donde está Joaquín Aranda
El Gobierno de la Nación tiene muy claro que la contemplación de las especificidades de Ceuta y Melilla estarán contempladas en la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica. Es una realidad que no solamente le ha sido transmitida al presidente Vivas en todas las entrevistas que en los últimos meses ha mantenido con altos cargos del Ejecutivo, sino que incluso durante la celebración de la Conferencia de Presidentes quedó plasmado.
La primera prueba específica ha estado en que en el borrador que el Gobierno ha puesto encima de la mesa de los expertos que durante seis meses discutirán las bondades del nuevo sistema de financiación autonómica ya se contempla este punto.
Comisión
Hay que recordar que por parte de Ceuta se eligió como representante en esa comisión de expertos al catedrático de la Universidad de Murcia. Joaquín Aranda, quien lleva muchos años trabajando con la Ciudad Autónoma en muchos temas de índole fiscal y autonómica. Hay que indicar que gran parte del trabajo sobre las bases de las peticiones de Ceuta, en las que el Gobierno ha visto en los últimos meses cuentan con un análisis igualmente del mismo Joaquín Aranda.
El Gobierno pretende alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación que sea estable –aunque se pueda ir revisando– y que los ingresos no dependan tanto del ciclo económico, ya que en épocas de bonanza hay más financiación, mientras que en crisis, los ingresos disminuyen considerablemente. Se trata, en definitiva, de desvincular el sistema de las oscilaciones notables del ciclo económico.
La intención del Ejecutivo es acordar un “ideario básico” y “cuestiones concretas” de la reforma del sistema que sirva de base a la discusión de los expertos, ya que establecer de antemano los temas sobre los que se tiene que pronunciar la comisión, permitirá, según el Ejecutivo, “enfocar” los trabajos.
Comité
Además, la idea es que el comité debata las cuestiones pero sin la necesidad de llegar a un acuerdo, sino que posteriormente se encargaría el Ministerio de Hacienda de elaborar un informe que recogería las diferentes aportaciones de los expertos e incluso podría hacer propia alguna de ellas.
Para avanzar en los trabajos, el acuerdo establece la creación de una ponencia en el seno de la propia comisión constituida por siete miembros, de los cuáles uno será el presidente de la comisión de expertos y el resto serán nombrados por la propia comisión entre sus miembros.
En cuanto al desarrollo de los trabajos de la comisión de expertos, el Gobierno contempla que se reúna en varias sesiones, en cada una de las cuales se tratarían unos determinados temas. A partir de lo hablado en dichas sesiones y los documentos aportados, el Ministerio de Hacienda recogerá y sintetizará las propuestas presentadas, que en última instancia deberán ser aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Así, la comisión tendrá que rendir un informe final en el plazo de seis meses que, una vez aprobado, será remitido al Comité Técnico Permanente de Evaluación y al CPFF, que tendrá la última palabra sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ya que las propuestas del comité de expertos no serán vinculantes, pero si serán muy tenidas en cuenta por parte tanto de la Administración General del Estado como de las mismas autonomías.
En la última fase de las discusiones será necesario compaginar las actuaciones de este órgano multilateral con reuniones bilaterales, en las que se busque a través de la negociación política el apoyo necesario para la aprobación de un modelo consensuado.
