Destacan que el viernes fue cuando se dio publicidad a la exigencia y requisitos para la inclusión de las mismas a través del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, “con más de dos años de posterioridad a la primera vez que lo solicitamos por parte de nuestro grupo para intentar buscar soluciones a las altas cifras de desempleo de nuestra ciudad y los elevados índices de exclusión social”.
Esperan que se haga lo mismo con la Red Empresarial de compromiso social, “también propuesta por nuestro grupo como una manifestación más de nuestro compromiso con la ciudadanía de realizar una oposición constructiva a la vista de que el gobierno actual de la ciudad, por su propia iniciativa, es incapaz de articular medidas efectivas en la lucha contra el desempleo”.
Recuerdan que las cláusulas sociales encontrarían su amparo en la regulación hecha por la Ley de contratos del sector público (30/2007) que establece en su exposición de motivos la posibilidad de la introducción de consideraciones de tipo social en la contratación pública.
Estas cláusulas afectarán a toda contratación de obra por un importe superior a cincuenta mil euros y vincularán a la contratación tanto de la ciudad autónoma como a la de sus organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.
De este modo, la empresa adjudicataria, se comprometerá a incluir entre los trabajadores a contratar a un porcentaje de personas en situación de desempleo.
Esta medida fue aprobada en la sesión plenaria del pasado mes de febrero, donde igualmente salieron adelante un paquete de cuarenta y tres medidas para que el tejido económico de nuestra ciudad se recupere.
A la propuesta de la UDCE se le hizo una transaccional por parte del equipo de gobierno que fue aprobada pro todos los grupos presentes en la Asamblea autonómica, de manera que se marcara en un treinta por ciento el porcentaje establecido para la contratación por las empresas.
La Ciudad ya las aplicaba desde hace dos años
La puesta en marcha de las nuevas medidas incluídas en las cláusulas sociales parten igualmente de una decisión adoptada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma y que fue anunciada por el presidente Vivas cuando explicó cuales serían las prioridades de su gobierno hasta el final de la presente legislatura. Y es que la puesta en marcha de esta acción hace un par de año no tuvo todos los efectos positivos que se esperaban, ya que entonces se cifraba en un diez por ciento la obligación de contratación, pero era para las empresas que contrataran por encima de los trescientos sesenta mil euros. Además, por parte de la Ciudad se reconoció que no hubo la suficiente inspección.
