La Dirección Provincial del Ministerio de Educación desmiente a los sindicatos en que el resto de comunidades autónomas ya tienen las plazas de la Oferta de Empleo Público asignadas.
El “patito feo” del sistema educativo español se concentró ayer en el interior de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, a través de la Junta de Personal Docente, para exigir una respuesta sobre la demora en la publicación de las plazas asignadas de la Oferta de Empleo Pública, OEP. Anuncia nuevas acciones con las que ampliarán el nivel de reivindicación ante una hipotética falta de respuesta “inmediata”.
Una demorada interpretada por los profesores como una “discriminación” a Ceuta por parte de la Administración del Estado y en relación al resto de territorios. “El profesorado de todas las comunidades autónomas conoce ya todos los detalles relevantes de su convocatoria, lo que permite planificar adecuadamente la preparación de las oposiciones”, expuso Juan Luis Aróstegui, presidente de este órgano de representación del colectivo docente. Mientras que en Ceuta “sólo disponemos de especulaciones, nervios y zozobra”.
Aquilino Melgar, director provincial del ME, niega que la “mayoría de las comunidades autónomas” conozca los datos relativos a sus respectivas convocatorias. Sin embargo, continuó, “tenemos una petición muy próxima a la que se hizo el año pasado en relación a 95 plazas para Ceuta y Melilla y estamos a la espera de la respuesta del Ministerio de Administraciones Públicas”.
Antonio Palomo y Remedios Acosta, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO y presidenta de ANPE respectivamente, presentaron los datos relativos a las oposiciones de 2010 para el conjunto del territorio nacional. Según este documento confeccionado por ANPE, las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana ya conocen sus plazas así como la distribución por especialidades tanto para profesores técnicos de Formación Profesional, FP, como de Educación Secundaria. Es decir, un total de 12 regiones autonómicas.
La acusación de “abandono” formulada por los sindicatos también recibió respuesta del director provincial. Melgar, quien asegura que trabaja en esta cuestión, realiza un seguimiento a las gestiones del Ministerio de Administraciones Públicas y admitió que, avanzado el mes de marzo y con la celebración de las pruebas en junio, “a todos nos gustaría que a estas alturas se supiera cuál es la oferta”.
Su gestión, reconoció el máximo representante del Ministerio en la ciudad, está encaminada a que la resolución se logre cuanto antes, para indicar que en la “oferta del cuerpo de la Guardia Civil, ni en justicia, ni sanidad ni en Policía Nacional ni educación, en el 80 por ciento de las comunidades autónomas diría yo, se ha publicado ya cuál va a ser la oferta de empleo pública y deseo que sea cuanto antes”.
En cuanto a una hipotética reducción de plazas, aclarando que no existen informaciones en este sentido, Melgar recordó que sólo dispone de dos informaciones: el número de plazas que el Ministerio ha pedido y que tanto si hubiera recorte como si no, “se nos trasladaría aquí para negociar con las centrales sindicales la distribución de las mismas, cuanto más, en la medida en que pudiera haber un recorte porque, si lo hay, habría que ponerse de acuerdo en dónde se hace y en qué medida”.
El director provincial rechaza cualquier afirmación a propósito de la suspensión de las oposiciones y asegura que, en el caso de tener la respuesta ya, se comunicaría “ahora”, se abordaría “con todas las consecuencias” y, como aún no está definida, Melgar apuesta por evitar que los plazos se agoten y solicitó optimismo a los aspirantes en ese sentido.
La Junta de Personal Docente insta a la Dirección Provincial a un pronunciamiento inmediato de la administración sobre la convocatoria de oposiciones así como el respeto a los acuerdos firmados, entre los que se incluye una OEP amplia similar a la convocatoria anterior.
Sometidas a “cuestiones políticas”
A una larga lista de “problemas sobradamente conocidos que son obviados irresponsablemente” con ejemplos como el “déficit en las construcciones escolares; la elevada ratio de alumnos por grupo; la falta de profesorado de apoyo en Educación Infantil o la nefasta política de escolarización”, se suma una “persistente discriminación” del profesorado ceutí. Calificada la situación de “insostenible” además de “tortura psicológica” para los 200 interinos que ejercen a la ciudad y un número indeterminado de nuevos aspirantes, la Junta de Personal denunció la “pasividad” del delegado del Gobierno y el director provincial, “incapaces de hacer la más mínima gestión para desbloquear esta situación”, la cual los convierte en “cómplices de la agresión”. El problema, apuntó el presidente de la Junta de Personal, se encuentra en que la OEP ceutí está incluida en la oferta de ámbito general “sometida a unas cuestiones políticas que la hacen muy lenta”.
