El informe que a modo de auditoría ha realizado la Ciudad sobre Trace recoge, entre otras conclusiones, que “un porcentaje muy significativo de los gastos que no corresponden a personal se han realizado con empresas vinculadas” a la UTE a las que se le cargó y que, con carácter general, “el adjudicatario ha obtenido beneficios” en el periodo analizado, 2013/2016, “sin que se pueda determinar el montante de los mismos”. Es el informe económico conocido que viene a confirmar que la empresa no habría perdido dinero como mantenían hasta la fecha.
“Los ajustes realizados en las cuentas para intentar determinar el resultado de cada uno de los ejercicios examinados no suponen criterios objetivos que hayan de ser seguidos ni compartidos por quienes lean el informe”, se advierte en el documento a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico y que será valorado en una Comisión específica de Medio Ambiente el próximo jueves con los grupos de la oposición, que llevan meses esperando estas conclusiones.
Algunos gastos son tildados de “innecesarios”. Es el caso del invertido en uniformes
Los resultados, aseguran, no son lo específicos que se esperaban, ya que la Ciudad insiste en varias ocasiones que este informe no se trata de una auditoría “en su sentido estricto” ni se determina “con exactitud el hecho de si el contrato y su prestación mantienen el deseable equilibrio económico-financiero de todo contrato”.
No obstante se viene a concluir, por ejemplo, del examen de los documentos y facturas presentadas por Trace que “los resultados son positivos en todos los ejercicios objeto de análisis” de 2013 a 2016 salvo en 2014, “cuyas pérdidas se deben a los gastos financieros en los que ha incurrido la UTE”.
En esta particular investigación sí que se ha detenido en gastos que, se considera, no son imputables al contrato sino que se cargan sin tener que seguir ese rumbo.
En el análisis específico de este informe oficial se recoge en el capítulo de compras “el excesivo coste” de la partida de “uniformes” que se considera “no era necesario para la ejecución del contrato”. En los costes de personal también se hace hincapié en que “la estructura administrativa de la empresa está sobredimensionada”, con un número mucho mayor respecto del anterior adjudicatario. Otro punto destacado en el ámbito de lo crítico es el relativo a las reparaciones y conservación en donde se alude al “importante y recurrente gasto anual derivado del vaciado de la fosa séptica donde se depositan los vertidos de limpieza”. Un gasto considerado “no imputable al contrato” toda vez que la propia sociedad debería haber adquirido una nave “que contase con todos los requerimientos medioambientales para realizar su trabajo, en lugar de tener un gasto excesivo en el vaciado y limpieza de la fosa”.
Se ha descubierto también una serie de servicios profesionales independientes “que no se corresponden con el contrato”. Por ejemplo, los de asesoramiento fiscal y contable, “al tratarse de funciones que se aplican a todo el grupo” y no solo a Trace, o los “honorarios del delegado” que se no trata de “un puesto exigido en el pliego”. Se cargan también los gastos derivados “del asesoramiento jurídico” que se consideran “excesivos” por lo que “permite aventurar que se trata de asesoramiento a todo el grupo”. Hay alusión a facturas de importe excesivo y a gastos de unos dos millones que no deben ser imputados al contrato, además de gastos de publicidad.
Según la auditoría, se han detectado además casi cuatro millones derivados de operaciones vinculadas, que son las realizadas por personas o entidades pertenecientes a miembros de sociedades que componen la UTE o consejeros, que, por tanto, no pueden ser imputadas tampoco al contrato. Se cita expresamente empresas como Makerel, ACC, Lirola o Benyben, entre otras.
En la última sesión plenaria, la consejera de Economía, Kissy Chandiramani, mantuvo que se publicitaría el contenido de lo que denominó auditoría y que, ahora, se deja claro hasta la saciedad que no lo es. “El informe no reúne las condiciones y requisitos propios de una auditoría, por lo que no puede ser considerado como tal en sentido estricto ni se determinará con exactitud el hecho de si el contrato y su prestación mantienen el deseable equilibrio económico-financiero de todo contrato”, se advierte.
Las claves
Un porcentaje de los gastos se ha hecho con cargo a empresas vinculadas. Se determina que no tienen que ver con el personal y que de hecho el adjudicatario ha obtenido beneficios todos los años del periodo analizado, salvo uno, el correspondiente a 2014.
Los costes, no imputables al contrato. Se cuestiona los gastos que se pretenden cargar al contrato y que son derivados de funciones que se aplican a otras empresas del grupo.
Honorarios, objetos de análisis. Se recoge el gasto derivado de los honorarios del delegado cuando no se trata de un puesto exigido en el pliego o los gastos derivados del asesoramiento jurídico sobre el que, dice la auditoría, “permite aventurar que se trata de asesoramiento a todo el grupo”.
Informe con validez, ¿o no? En varias ocasiones se insiste en el informe realizado que no tiene validez como auditoría, algo que ha sido criticado duramente por la oposición, en concreto por MDyC que habla literalmente de que se les está tomando el pelo.
