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Afectados por Hacienda lo considera un “nuevo varapalo” a la AEAT
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El agente aportó certificado de horas, correspondencia, datos de su vehículo y nóminas
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechaza en una sentencia las tesis de la Agencia Tributaria (AEAT) y del Tribunal Económico Administrativo Local de Ceuta en materia de residencia de los contribuyentes. La Sala de lo Contencioso falló a favor de un policía en relación con el IRPF de 2012 al mantener que, por el hecho de estar destinado en Ceuta o Melilla, ya se presupone que puede aprovechar las bonificaciones que existen en ambas ciudades, desplazando la carga de la prueba a quien la niega, en este caso, la Agencia Tributaria.
Este fallo se une a la “más de una decena” de la que esta entidad tiene conocimiento y en las que se apoya para demostrar que la Justicia “rechaza de plano que la carga de la prueba recaiga en contra del contribuyente cuando éste ya posee a su favor alguna presunción legal”. Una postura que, recordó el colectivo que se declara perjudicado, ha mantenido desde sus inicios y que, indicó, “siguen confirmando los tribunales de Justicia en la actualidad”.
El TSJA partió de que, “acreditada la condición de policía con destino en Ceuta, lo que ha de presumirse es su residencia en Ceuta, y ello desplaza la carga de la prueba hacia la administración que ha de acreditar que en este supuesto el actor –el policía– no reside habitualmente en Ceuta”. Para ello, la Sala considera “insuficientes” los “indicios” con los que cuenta la administración ya que es el “propio actor –el policía– el que reconoce que tiene una casa en El Puerto de Santa María, donde residen su mujer e hijos, hasta el punto de que pretende la deducción por vivienda habitual pero no porque resida en ella habitualmente, sin por el hecho de que lo haga su familia”.
El policía aportó para defender sus argumentos la certificación de horas semanales trabajadas en Ceuta, nóminas en las que consta su domicilio en Ceuta, datos de su vehículo, correspondencia del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios o la correspondencia de la compañía aseguradora.
La Asociación Afectados por Hacienda ha sido la encargada de dar difusión a este recurso estimado “en parte” contra Hacienda de fecha 29 de diciembre de 2016 que ha sido publicada en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial.
El agente recurrió el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo que estimó en parte las reclamaciones interpuestas contra la liquidación provisional y acuerdo de imposición de sanción de la Agencia Tributaria para 2012.
“Estos funcionarios cobran un plus por condenar a ciudadanos”
Por otro lado, Afectados por Hacienda desveló que el jefe de la Oficina de Gestión de la Agencia Tributaria en Ceuta se encuentra “encausado en varios procedimientos penales iniciados por afectados de esta Asociación sin ánimo de lucro”. En sus declaraciones, aseguró la entidad, “el acusado se jactaba de ‘haber ganado todas las sentencias judiciales en cuanto al fondo’”. El colectivo calculó que ha entregado “más de una decena de sentencias en los procesos penales que desmienten tal afirmación” a la que, ahora, se une este “nuevo varapalo” contra la oficina que dirige el denunciado.
Los perjudicados afirmaron que estos funcionarios “cobran un plus de productividad por condenar a ciudadanos”. También mantuvieron que los “verdaderos defraudadores” son quienes cobran “este plus condenando a inocentes y sin que se les exija responsabilidad alguna ni devolución ese plus cuando se revoca la resolución en virtud de la cual lo cobró”.
Las arcas del Estado “se resienten”, argumentó Afectados por Hacienda, no por la actuación de los ciudadanos, sino por el cobro de unos “pluses inmerecidos y de intereses de demora, aprovechándose del hecho que la mayoría de los ciudadanos no saben defenderse frente a Hacienda o no tienen medios o tiempo para emprender una campaña de desgaste en la que se ven sumidos”.
Afectados por Hacienda exigió la devolución de “todo lo expoliado” a sus asociados por el hecho de estar destinados en Ceuta o Melilla. “No nos basta que se dejen de mandar las temidas cartitas, también pedimos la restitución y que los responsables respondan de sus actuaciones, sean de la delegación que sean desde la que han actuado”, concluyó la entidad.
Decepcionado y furioso con un país y un sistema que permite estas tropelías, los autores deberan asumir las consecuencias. Hemos vivido congelaciones salariales y bajada generalizada de sueldos pero nunca el expolio directo de nuestras nóminas sin base jurídica alguna bajo el paraguas de una supuesta lucha contra el fraude fiscal. La voracidad con la que procede la agencia tributaria crea inseguridad jurídica y aleja al ciudadano de los conceptos de justicia fiscal y consciencia fiscal, conceptos que a posteriorI, no peden pretender ser inculcados en la poblacion con meros anuncios de televisión. Hoy, más que nunca, necesitamos ejemplos, y este no ha sido el indicado
Zasca en toda la boca. Ahora a denunciar por prevaricación y a por ellos que son pocos y cobardes.
Se han pasado cuatro pueblos y lo van a pagar muy caro.
Y esto no es cualquier juzgado. Es el Tribunal Superior de Justicia.
No tenía ningún sentido lógico que un acusado de asesinato fuese inocente hasta que se demostrase lo contrario y un funcionario perseguido por Hacienda fuese culpable hasta que pudiese demostrar su inocencia.