Fue uno de mis primeros trabajos profesionales. Se trataba de asesorar a un nuevo partido creado como escisión del partido andalucista. Un trabajo difícil: vender un producto averiado, unos individuos que formaban su propia fuerza política tras pasar por el transfuguismo. Me reuní con su líder para conocer las razones de la escisión y diseñar su campaña electoral de la forma más óptima posible. Tras largarme un discurso sobre el andalucismo, Blas Infante, los intereses del pueblo, su sentido de servicio público y demás bla, bla, bla, le pregunte cuales eran las verdaderas razones de la escisión y tras un breve silencio me dijo “quiero ser concejal de urbanismo”.
Si a estas alturas aun hay quien cree que los políticos tienen preocupaciones que van más allá de sus propios intereses y los de su grupo de pertenencia (que es el partido y no el pueblo al que dicen servir), debería hacérselo mirar. Por supuesto en esto, como en todas las cuestiones de la vida, hay grados e intensidades diversas, aunque el espectáculo de las luchas internas a garrote limpio en las que se encuentran inmersos todos los partidos de este país nos proporciona una evidencia empírica de que el botín en disputa debe ser harto sustancioso. En la última reunión de presidentes autonómicos, esa especie de conciliábulo aconstitucional creado por Zapatero ad maioren gloriam del separatismo, en el que los presis de las regiones se reúnen para repartirse la pasta a escondidas del escrutinio de los representantes de la soberanía nacional, la sin par presidenta de la Junta de Andalucía se quejaba amargamente de la deslealtad de su homóloga de la comunidad de Madrid al no fustigar con elevados impuestos a los madrileños tal y como ella hace con los andaluces. Concretamente en los impuestos de sucesiones y patrimonio, auténticos robos a cara descubierta, que están empujando a que miles de familias andaluzas sin recursos renuncien a las herencias que van a parar directamente a las arcas de esa administración convertida ahora en la mayor coheredera de España. La justificación de la graciosa andaluza al latrocinio ha sido que los ricos tienen que pagar, obviando que los que renuncian son gente de clases medias-bajas que no pueden coger sus trastos y emigrar a lugares donde el robo sea menor tal y como hacen los ricos de verdad. Pero es que resulta paradigmático eso de azuzar el odio al rico, al que consigue dinero, al que se esfuerza y deja esos frutos a sus hijos, porque no deja de ser el recurso de los resentidos y el odio de los incapaces hacia los aptos y para comprobarlo solo es necesario repasar los excelsos currículos de estos dirigentes que no han creado un céntimo de riqueza en su vida pero “redistribuyen” con largueza el dinero ajeno. Evidentemente estas políticas de saqueo solo han servido para mantener a Andalucía en un balance demoledor de paro, pobreza y fracaso escolar crónicos e ininterrumpidos durante los cuarenta años de un régimen sustentado en las redes clientelares. Que distintos estos de aquel pobre pero honrado escudero Sancho Panza que al abandonar el gobierno de la ínsula Barataria se despide de la siguiente guisa: “Vuestras mercedes se queden con Dios, y digan al Duque mi señor que desnudo salí, desnudo me hallo: ni pierdo ni gano: quiero decir que sin blanca entré en este gobierno, y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernantes de otras ínsulas.”
