En el pasado mes de Noviembre la Asociación Foro Milicia y Democracia desarrolló en el Ateneo de Madrid una conferencia titulada “Constitución y Fuerzas Armadas” al no poder celebrarse en el salón de actos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales al parecer, por la oposición a celebrar dicho acto del Presidente de dicho Centro, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo D. Benigno Pendás García y ponente que fue sustituido en una de las conferencias, al enterarse de que el Presidente de la Asociación , el ex General del Aire D. Julio Rodríguez Fernández había decidido ir en las filas del grupo comunista próximo al chavismo Podemos en las elecciones del 20 de Diciembre.
El jefe de dicho grupo manifestaba que si obtenía los votos suficientes para poder gobernar, el citado ex General sería nombrado Ministro de Defensa. La ponencia principal “La posición de las FAS en la Constitución: el artículo 8,” fue desarrollada por el Magistrado emérito del Tribunal Supremo el Sr. Martín Pallín. El resto de los ponentes, como el fiscal D. Mariano Bermejo manteniendo la homogeneidad administrativa de la jurisdicción militar como integrante del poder judicial del Estado y el catedrático de Derecho Constitucional de la UCM D Javier García Fernández examinaron, también con mucha lucidez, lo que, en su opinión, la Constitución Española reserva al Ejército en el resto de los artículos.
Así la CE, dejando a un lado el artículo 8, prohíbe a los militares el derecho de asociación (art. 22), limita o exceptúa del derecho a sindicarse libremente mediante ley (art.28.1); por el art. 30.1 “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España” y ”una ley fijará las obligaciones militares de los españoles (30.2). Por el artículo 62.h corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Los militares profesionales (Art.70.1.e) no pueden ser elegidos Diputados ni Senadores, las Cortes Generales deben autorizar los Tratados o Convenios de carácter militar (Art.94.1. b). Además según el artículo 117.5 y de acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional, la ley regula el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense. Por último, la Defensa y las Fuerzas Armadas son competencia exclusiva del Estado (Art. 149.4), se debe de entender que por su propia naturaleza no son susceptibles de transferencia o delegación a las CC.AA (Art.150.2).
El tema principal y el que me ha hecho reflexionar es sin duda el citado artículo 8. 1, expuesto en el Título Preliminar de la CE: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” . No he encontrado ningún precepto similar en las cinco Constituciones españolas anteriores a esta de 1978. Esta misión de garantizar y defender ¿la tienen las Fuerzas Armadas intrínsecamente? En cuyo caso, como se desarrolla ese proceso. Porque la CE, a continuación señala (8.2) “Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución”. En base a ello se promulga la ley 5/2005 de la Defensa Nacional que tiene por objeto “la protección del conjunto de la sociedad española…y de la integridad territorial de España”, señalando en su artículo 6 al Presidente del Gobierno como la persona competente para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las FF.AA, así como disponer su empleo. ¿Y si el Presidente del Gobierno declinase en sus responsabilidades ante la declaración de independencia de una parte de España como de alguna forma hasta ahora viene ocurriendo en Cataluña? En esa conferencia yo no obtuve respuesta. Por una parte, los ponentes mostraban su entusiasmo por encontrarse en ese Foro y loaban a sus miembros dado que la mayoría eran antiguos militares de la UMD, castigados en la época de Franco y posteriormente recolocados en sus escalafones con los efectos económicos pertinentes e incluso condecorados. Sin embargo el ponente encargado de explicar el artículo 8 a continuación de la loa parecía que ponía el freno en su entusiasmo, el proceso de garantizar la independencia no debe emanar del Cuerpo militar. Militares abstenerse. Ya estamos en otra época.
Efectivamente, ya estamos en otra época. Una época en la que el Ejército no parece formar parte de la Sociedad, no se ven militares uniformados por las calles. Hubo un tiempo en el que quizás tuviese alguna razón para no ser blanco de la banda asesina ETA, aunque no creo que le fuera difícil conocer el domicilio de quien quisiera, pero ¿ahora? cuando se reconoce que las Fuerzas Armadas tienen un gran nivel técnico y humano y que realizan misiones extraordinarias con Ejércitos de otros países y en multitud de lugares del mundo, ¿por qué ese acomplejamiento? Incluso las Ordenanzas Militares establecidas por R.D 96/2009 y en relación con la población civil señalan (Art.32) el militar “fomentará la relación con la población civil y será cortés”. Incluso cuando pueden desfilar en las calles de las distintas capitales, salvo algún Registrador (¡Qué coñazo!), la ciudadanía recibe al ejército como algo suyo. Pareciera que la Constitución del 78 quisiera esconder al Ejército cuando es la Constitución que más habla de él. Porque tampoco se ven artículos en los periódicos donde se pudiera saber lo que hacen las Fuerzas Armadas fuera del territorio, o lo que opinan de determinadas políticas de Defensa, de la política exterior, de lo que ocurre en Siria en Afganistán o en Irán, del problema palestino o que piensan de lo que ocurre en el Kurdistán o de Gibraltar. Creo que salvo en determinados centros, la sociedad está huérfana de los Ejércitos. El militar cumpliendo escrupulosamente con lo establecido en la Constitución y en las leyes para ellos establecidas, puede manifestar su opinión.
Por ejemplo, teniendo en cuenta lo que el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha advertido del “riesgo demasiado fuerte” que supondría pactar con Podemos, que califica como “formación que no cree en la democracia” recordando los vídeos en los que Pablo Iglesias “exhorta a los suyos a preparar cócteles molotov y a estar preparados para tomar las armas” ¿sería realmente fuera de lo común que un militar pudiera criticar estos excesos precisamente para no caer en unos mayores? Y si el próximo Ministro de Defensa pertenece a esa banda que defiende esas barbaridades ¿estaría fuera del sentido común que un militar lo criticara?
Igualmente lo vergonzosamente ocurrido con la sentencia de la Audiencia Nacional considerando como libertad de expresión la pitada al Rey y al Himno Nacional, siendo el Rey el Jefe del Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas, porque según el Juez hubo un fiscal en otro caso similar que no consideró el delito de calumnias ni de ultraje al Himno Nacional, como si la jurisprudencia naciese de la opinión de los fiscales. Naturalmente se acata la sentencia ¿qué otra cosa se puede hacer?, pero eso no quiere decir que no se pueda criticar. Y los militares (y la mayoría civilizada de españoles), que tienen en ese Himno mucho más que una melodía de carácter épico y que representa a la Nación, ¿no pueden emitir críticas contra las sentencias que priman la “libertad de expresión” contra la afrenta al resto de españoles que pensamos que entran dentro de los delitos tipificados como calumnias al Jefe del Estado y al Himno Nacional como espero que suceda al examinar el hecho en instancias judiciales superiores? Por otra parte ¿estando prohibidos los tribunales de excepción, por qué entonces la Audiencia Nacional?
Si el PSOE accediese al poder y nombrara a la excomandante Zaida Cantera Ministra de Defensa, ¿podrían los militares dudar de la idoneidad de esta persona para el puesto en relación con la experiencia que ha obtenido, aun sabiendo que el citado nombramiento es un nombramiento político? O podrían criticar lo manifestado por el Presidente de las Cortes Sr. López (me cuesta llamarle Paquito) en cuanto a ese nombramiento “proponer un militar como ministro de Defensa es volver atrás”.
En el actual ordenamiento el militar no podría hacerlo debido al artículo 7.31 de la Ley Orgánica 8/1998 reguladora del régimen disciplinario de las FF.AA, castigado como falta leve, por lo que no puede “Expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales o que afecten al debido respeto a decisiones de Tribunales de Justicia”. Por el artículo 7.29 tampoco puede emitir expresiones contrarias a instituciones, autoridades y personas que encarnen órganos constitucionales. Me parece excesivo, ya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos considera que la libertad de expresión puede ser sometida a restricciones que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública. Pero no es el caso.
Tengo mis dudas de que hechos similares en países cercanos al nuestro y convergentes con nuestra civilización hubieran producido el enmudecimiento del personal militar. Por supuesto comprendiendo que el Ejército es un estamento organizado jerárquicamente y con respeto a una disciplina que no existe en otros colectivos, pero creo que la libertad de expresión, respetando las leyes que afectan al personal militar, es un activo necesario en nuestra sociedad. Las Ordenanzas Militares señalan en su artículo 12 que “en su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución sin perjuicio de que en su ejercicio debe atenerse a las limitaciones establecidas en función de su condición militar”
Considero que en nuestro país la presencia y la voz de la milicia son necesarias, y deben enriquecer a la sociedad con su experiencia. Quizás a otros ciudadanos les parezca suficiente con lo poco que hay, a mí no.
