Si las soluciones a las continuas situaciones dramáticas que se producen en el Tarajal pasan por exigir que los empresarios paguen una seguridad privada, entonces tenemos un doble problema. El que ya todos conocemos porque escribimos de ello a diario y el que tenemos que padecer por sostener un administración tan incompetente. Estamos ante una burda ‘estafa’, porque así debería tildarse el contenido de la nota de prensa remitida a los medios de comunicación para informar, bastantes horas después de la reunión de la Junta de Seguridad, de las soluciones ideadas para terminar con este caos que tiene como víctimas a policías, porteadores y empresarios.
Esa propuesta de seguridad privada ya se acordó hace diez años, tras la muerte de dos porteadoras en las naves. Ya se habló de este asunto por boca de otros jefes de Policía, otros mandos de la Guardia Civil, otros delegados del Gobierno y otros mandatarios de la Ciudad. Como se habló de seguridad privada también se habló de las inspecciones en naves y la persecución a las consignas e incluso se dirigió políticamente a la Guardia Civil para que hiciera operaciones sorpresa, desplegara a sus agentes por todas las naves, decomisara bultos y se llevara detenidos a todos los que tuvieran delante. ¿Y saben qué pasó? Pues que al final esas operaciones quedaron archivadas y menos mal que no hubo iluminados que pensaran en denunciar a la Guardia Civil o en pedir la mercancía perdida, porque igual hasta se tenía que pagar con el dinero de todos las ocurrencias de unos pocos.
¿Es este el mensaje que da la Delegación del Gobierno a todo lo que está pasando en el Tarajal?, ¿son estas las soluciones que ofrecen tras horas de encuentro, después de jornadas de presión, de escenas terribles y de tensiones? Duro resulta convencerse de que ni siquiera saben cómo ponerle el cascabel al gato. O peor aún, quizá ni este gato les interese mucho.
