El caso abierto tras la denuncia interpuesta en los juzgados por el vertido al mar de fuel (ése que parece importar ya bien poco a la clase política gestora hasta el punto de retardar sus sanciones) será abordado por la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, que tiene al frente un fiscal especializado en delitos ecológicos.
Es sin duda una buena noticia, puesto que se abordará con mayor especialización un asunto que puede sentar un precedente en este pueblo, en el que mucho, demasiado, se ha permitido, en el que el medio ambiente ha sido pisoteado con la connivencia de una clase política que olvidaba ejercer la mano dura. Sí, esa misma mano que notamos día a día los ciudadanos, los que recibimos sanciones al momento, los que somos sometidos a un atraco a mano armada vía pago de impuestos, vía nuevas tasas de creación, vía decisiones sangrantes que no hacen sino arrastrarnos a una situación insostenible.
Aquí ha pasado de todo. Ha habido vertidos que nunca fueron sancionados. Se han llevado por delante zonas que debían haber estado desde el primer momento protegidas. Se ha permitido que los montes se conviertan en pequeños vertederos. La conciencia medioambiental ha sido y sigue siendo inexistente. ¿Pueden creerse que llevo más de cinco años pasando por la parte superior de San Amaro y sigue la misma lavadora arrojada al monte sin que nadie la haya retirado?, ¿acaso nadie la ve?, ¿es lógico que una ciudad con los miradores, los acantilados, los senderos que tenemos para pasear estén repletos de basura sin que nadie actúe, que te asomes a los acantilados y solo veas basura y más basura, que seas testigo de la descomposición gradual de una pavana porque cada vez que pasas sigue estando allí, tirado, su cuerpo?
Las portadas con la bandera azul asoman cada verano. Reflejan sin duda la política paleta de un Gobierno que solo busca imagen, pero olvida su deber en el cuidado y protección de lo que es de todos, porque de todos son esas playas contaminadas, de todos son esos montes que van muriendo poco a poco, de todos es esta ciudad en la que tiene que ser una asociación (y menos mal) la que tenga las santas narices de acudir al juzgado para denunciar un posible delito medioambiental mientras los demás miran hacia otro lado.
De la acción judicial esperada puede derivarse un antes y un después. Ojalá, porque aquí hay quien solo aprende a base de tirones de orejas. Pero bien dados.
