No soy el mayor aficionado de los pactos políticos forzados cuya primera y única razón de ser reside en alcanzar el poder sea como sea, dejando de lado el proyecto de gobierno y las discrepancias que pudieran existir entorno él, porque, como hemos visto en innumerables ocasiones, ese tipo de alianzas suele concluir de una forma pésima.
Pero si de algo soy menos aficionado aún es de evitar que esa clase de lazos puedan forjarse, pues la necesidad de que los partidos políticos se entiendan entre sí para llegar a acuerdos es, en mi opinión, uno de los pilares fundamentales que sustentan una auténtica democracia. La última propuesta del Partido Popular se encamina a machacar el diálogo entre formaciones políticas favoreciendo directamente a la lista más votada, una idea que ya expresaron tras las elecciones europeas del pasado año, cuando observaron el maremoto que parecía aproximarse. Según la nueva iniciativa de los populares cualquier partido que logre el 35% de los votos y cinco puntos de diferencia con respecto al segundo, o el 30% de los votos y diez puntos, conseguirá la mayoría absoluta automáticamente. Aplicando esta reforma a los resultados de los últimos comicios se observa la espectacular expansión del PP en el territorio nacional, pasando a ocupar doscientos ayuntamientos más de los que finalmente pudo dominar, a años luz de los siete de CiU, cuatro de UPN y uno del PNV, mientras el resto de los grandes partidos obtendría números negativos. Por ende, sobran las palabras sobre las motivaciones que han impulsado la concepción de esta nueva ley. No obstante, la actuación del PP está siendo sumamente irónica. En varias ocasiones, algunos de sus integrantes se han quejado con amargura de lo ilógico que resulta que el partido más votado no gobierne debido a la unión de los “perdedores” entre ellos. Sin embargo, cuando el PP ha sido el derrotado y ha pasado a un segundo plano desde el que ha podido de facilitar el acceso de las formaciones políticas “vencedoras” al poder, como en el reciente caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no lo ha hecho. Por lo tanto, con sus acciones ha demostrado que es una idea que les conviene pero en la que no creen realmente. Una treta política más. Personalmente, creo que sería muy preocupante para nuestro país que se ejecutara una nueva decisión de tal calado para el sistema español con semejante facilidad. La organización del sistema electoral es una cuestión capital para una nación democrática, quizá una de las más básicas, ya que a través de ellas el pueblo elige a sus representantes, esencial en la construcción de cualquier estado que abandere la democracia. Por ello, su protección ha de ser especial, debiendo someterse a un verdadero consenso independiente de la omnipotencia de las mayorías absolutas. Desde la perspectiva democrática no parece coherente que un Gobierno, el que sea, pueda alterar las reglas de juego a placer para perpetuarse en el poder cuando la tendencia deja de favorecerle, pues los principios esenciales de la gobernación de nuestro tiempo tienen como objetivo, siempre en teoría, garantizar el bien común y no los intereses particulares, que son los que en este caso han tomado todo el protagonismo. Echando un vistazo a esta historia no me extraña que la impresión general de este jaleo sea la de un golpe institucional con todas las letras. Y aun así tragaremos una vez más.
