Cuando hace unos años el ‘plan Bolonia’ comenzaba a despuntar y los movimientos universitarios en su contra se levantaban a lo largo de España, había quienes intuían que esto no era sino el inicio de un largo proceso que acabaría culminando en los grados de tres años y Másteres de dos a imagen y semejanza de los países europeos más importantes. De hecho, algunos rectores no escondieron la posibilidad de que esta reducción continuara en años posteriores al repudiado plan. El momento ha llegado.
El nuevo proyecto universitario no supone un diseño diferente con respecto al plan vigente, sino que se trata de una profundización del mismo cuyo objetivo es el de completar la transformación estructural del modelo universitario español hacia el estilo europeo dominante. Recordemos que Bolonia marcó como objetivos principales dos puntos esenciales. Por un lado, en el caso de las antiguas licenciaturas se buscó reducir la carga adicional, plenamente terciaria, representada a través de los créditos de libre configuración y los cuantiosos optativos en pro de una llegada más temprana al mercado laboral o, incluso, a un Máster que permitiera una especialización no tan tardía como en el modelo anterior. En cuanto a las antiguas diplomaturas, estas se extendieron un año para impulsar su equiparación con los nuevos grados procedentes de las licenciaturas y así unificar los dos niveles universitarios existentes hasta entonces. Por otro lado, se impulsó el reconocimiento oficial a nivel continental que prometía facilitar futuras emigraciones laborales. La propuesta del nuevo proyecto de establecer grados universitarios de tres años sucedidos por Másteres de dos incide en los fines expuestos sin alterar de la esencia original de Bolonia, por lo que a nivel educativo esto no debería suponer ningún trauma.
No obstante, esta continuidad entre ambos planes no solo propicia que sus ideales coincidan, pues también lo hacen sus problemas. El contratiempo fundamental es que los defectos de los que adolecía el ‘plan Bolonia’ se han multiplicado, sobre todo el relacionado con los precios de los estudios, el que más afecta a los ciudadanos de a pie. La puesta en marcha de aquel vino aparejado de un incremento importante del coste de los créditos universitarios que provocó la ira de la sociedad española en general, especialmente por la ardua situación económica que estaba atravesando el país. El nuevo plan no hace sino potenciar este problema, ya que el precio de los Másteres de las universidades presenciales es superior a lo que cuestan dos años de grado, lo cual conlleva que todo aquel estudiante que no pueda sufragarlo estará limitado a un título de tres años que se concibe como una base de carácter generalista que requiere de una especialización posterior. Esta es una cuestión vital porque puede generar una peligrosa brecha entre universitarios de primera y de segunda destinada a empeorar las ya complicadas condiciones laborales de estos titulados en España.
Personalmente, creo que el modelo de grados cortos que permitan una especialización de mayor precocidad es el idóneo, pues el trabajo posterior de un titulado no suele estar tan vinculado a sus conocimientos generales como a su especialidad, pero esto no es óbice para denunciar que no disponemos de las condiciones necesarias para su implantación. Los altísimos precios de los Másteres presenciales los convierten en una opción inalcanzable para la media de los estudiantes, una situación que podría llegar a tolerarse temporalmente si estuviéramos hablando de un mero refuerzo. Sin embargo, en el modelo que se está planteando los dos años posteriores de Máster son prácticamente inexorables en la conclusión de la formación del estudiante, por lo que su inaccesibilidad para buena parte de la población estudiantil sería una catástrofe. Si antes del establecimiento del nuevo plan los responsables políticos no se encargan de reconfigurar exhaustivamente el sistema de Másteres, los estudiantes y, por extensión, la sociedad se encontrarán con otra dificultad de máxima gravedad.
