La sentencia que viene a dar la razón a Fatima Hamed para que pueda intervenir en los plenos no debería haber tenido mayor recorrido.
Existe un fallo judicial que, si bien no es firme, contempla la adopción de unas medidas cautelares. Es orden de un juez, así que cualquier decisión o debate paralelos no servirán más que para perder el tiempo. La decisión inicial de no dejar que Hamed interviniera en los plenos fue acertada, ya que había que cumplirse un reglamento y existía el precedente de Musa, a quien tampoco se le permitió formar parte activa. No se podía caer en la alocada decisión de permitir ahora lo que hace pocos años se negó o de saltarse a la torera un reglamento porque sí.
Hamed recurrió a la vía judicial y ésta le dio la razón. Con este paso debía haberse terminado lo que tiene visos de constituir un culebrón sin sentido. Si el próximo martes existe una decisión contraria a derecho, no se provocará más que la incursión en una especie de esperpento sin base alguna del que todos deberíamos huir. Hay demasiados asuntos de peso como para perder el tiempo en debates insulsos que parecen ocultar, de seguir adelante, otra razón que ni me atrevo aún a escribir.
Que los debates plenarios se enriquezcan con aportaciones de todo tipo es lo mejor que le puede suceder a una Asamblea. Otras desviaciones no hacen sino acelerar el rechazo de una población que ya de por sí se siente asqueada de todo lo que huela a política (y de esto tienen la culpa nuestros representantes por haberse cargado esa línea supuestamente infranqueable entre la representación pública y la privada). Los partidos adoptaron una decisión en anterior Junta de Portavoces en el ejercicio de su propia responsabilidad que hoy, ya con la sentencia encima de la mesa, no cobra sentido alguno. Caballas ni siquiera ha hablado al respecto quizá a sabiendas de que esto no da más de sí. El Gobierno, a mi juicio, debería haber hecho lo mismo. El PSOE, sin comentarios.
