Los independentistas catalanes están contentísimos, porque su Consejo de Garantías particular ha dado luz verde, por cinco votos a cuatro, al Proyecto de Ley sobre Consultas No Refrendarias, que así llaman al que pretenden dotar de visos de legalidad como base jurídica para la consulta separatista que prevén celebrar el ya próximo día 9 de noviembre.
A efectos dialécticos, cabría admitir la posibilidad de que dicho Proyecto sea constitucional, pero solamente en el caso de que la consulta de que se trate verse sobre una materia que afecte exclusivamente a Cataluña. Pero de ahí a considerar que se haya dado luz verde a la citada consulta, encaminada, nada menos, que hacia la ruptura de la unidad de España, va un enorme trecho que ni ese Consejo de Garantías, ni nadie que tenga un mínimo conocimiento de nuestra Constitución, será capaz de recorrer.
Es bien sabido, porque además se viene repitiendo una y otra vez, que constitucionalmente la soberanía reside en todo el pueblo español, por lo que una cuestión tan fundamental como la que están planteando el Sr. Más y sus adláteres no pueden decidirla solamente los votantes de las cuatro provincias catalanas. Seríamos todos los españoles con derecho a voto, en cualquier caso, los que tendríamos el derecho a votar sobre tal disparate.
Para mayor escarnio, además, en el Proyecto catalán sobre consultas se otorga el mencionado derecho tanto a los mayores de dieciséis años como a todos los extranjeros residentes en Cataluña. A los menores de edad, contraviniendo la ley del Estado, sin duda porque han pasado por una educación sesgada y basada en burdas falsedades históricas para convencerlos de que España es malisima, y a los extranjeros para llevarlos de la mano, en gran parte de los casos, a emitir el voto que se les sugiera. Hasta tal punto sería así, que según se ha publicado, Artur Más ha prometido a los musulmanes que , si votan sí, les entregará la Plaza de Toros de Barcelona para que la conviertan en mezquita.
Ello nos conduce al absurdo de que, en un asunto vital para la multisecular unidad de la Nación española, puedan decidir los menores de edad catalanes y los extranjeros allí residentes, privándose al resto de los españoles del derecho a pronunciarnos sobre una materia tan esencial que sirve de fundamento de la propia Constitución, como expresamente se reconoce en ella.
No; lo diga quien lo diga, esa Ley de Consultas tan querida por la Generalidad e Izquierda Republicana no puede servir de coartada para que el 9 de noviembre se vote en Cataluña con la intención de romper la unidad de España. Ni por las preguntas que se proyecta formular, ni por la composición del previsto electorado. Porque sería el colmo de los dislates que algo tan fundamental lo pudiera decidir el voto de un menor de edad o de un extranjero, mientras se priva al resto de los españoles de su derecho constitucional a la participación.
