Espantosa la portada de cierto diario nacional el pasado día 19. Por un lado, la última avalancha masiva de subsaharianos violentado la frontera en Melilla y de otro, una niña de tres años que han dejado morir al no ser atendida por la sanidad vasca que la derivó a la sanidad castellana situada a más de una hora de coche.
Unos tan rígidos y otros tan flexibles. Frente al asalto masivo y violento de nuestras fronteras, y tras la muerte desgraciada de 15 subsaharianos, flexibilidad. No más pelotas de goma, no más antidisturbios, relajación en el cumplimiento de las funciones encomendadas. A la vulneración de la ley, como recompensa, atención sanitaria, alojamiento y comida, vestuario. En el otro extremo, la invulnerable frontera entre Castilla y Vascongadas, aquella que permite derivar a una niña con una fuerte fiebre a un hospital situado a una hora, en vez de atenderla en el que se encuentra a 20 kilómetros. El absurdo y elefantiásico sistema autonómico permite estas cosas. Rigidez absoluta en el cumplimiento de las normas, caiga quien caiga. Y esta muerte no tendrá más consecuencia que una demanda que no llegará a nada gracias al principio de evasión de la culpa tan utilizado por las organizaciones político-administrativas.
En los sucesivos estudios que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inmigración es vista por los españoles como un problema y más en concreto, la inmigración irregular o ilegal (apellídenla según sensibilidades). A la mayoría de los españoles no les gusta este tipo de inmigración impuesta, aquella que los ciudadanos deben asumir como hecho consumado, sin poder decir nada sobre a quién debemos admitir y con quién debemos compartir nuestros recursos. La mayoría de los españoles no tiene problemas con la inmigración, solo quiere una inmigración regulada, en un estado que nos lo regula todo, hasta ciertas facetas de la vida privada. Y también en el Centro de Investigaciones Sociológicas aparece tercamente, estudio tras estudio, las preferencias de los españoles por un Estado más centralizado, donde las autonomías tengan menos competencias, con la certeza de que el sistema autonómico no ha hecho sino generar una Administración monstruosa y poco eficiente, además de facilitar los movimientos centrífugos que ahora sufrimos.
Frente a estas dos realidades, a estas dos posiciones de gran parte de la ciudadanía, oídos sordos. Nunca se consultara en referéndum sobre estos aspectos fundamentales para un Estado porque para muchos la democracia es acudir a las urnas y depositar una hoja en blanco para cuatro años. La negativa a reformar el estado autonómico tiene una sencilla explicación práctica: ¿dónde colocar a la clientela política, a familiares, amigos, allegados y afines? Cómo renunciar a ser elite política de unos miniestados, con todo el aparataje correspondiente. Imposible ser a la vez reformador y reformado. Y en cuanto a la cuestión de la inmigración irregular, después de escuchar discursos y declaraciones, tampoco actuarán según los deseos de gran parte de la ciudadanía porque, agárrense a la silla, se consideran moralmente superiores y ellos sí que saben lo que nos conviene.
