No me acuerdo ni cuando estalló el 'caso Urbaser'. Pero si no recuerdo mal pudo ser hace unos tres meses aproximadamente. Entiendo que, desde el punto de vista político, si el PSOE ya entonces estaba convencido de que se habían abonado doce millones y medio de euros más a Urbaser, la cifra era lo suficientemente grave como para haber pedido ahí, en ese mismo momento procesal, tanto la comisión de investigación como la comparecencia del presidente de la Ciudad. Entonces, en todo caso, había una razón que aunque no se compartiera se podía entender. Lo que no es entendible es que se haga a toro pasado y basándose en un informe jurídico realizado por Luis Ragel que, desde mi punto de vista, no aporta ninguna nueva consideración, salvo ratificar las tesis que desde el minuto uno defiende el Gobierno presidido por Juan Vivas.
Ragel afirma que el equipo de gobierno no ha pagado ni un solo euro de más a Urbaser. Primer mandamiento de la defensa del Gobierno desde el minuto cero. La segunda afirmación de Ragel es que ha podido existir un enriquecimiento injusto por parte de Urbaser. Segundo mandamiento que ha defendido el Gobierno, quien ya aludió a que si la antigua empresa de la limpieza no daba argumentos sólidos para defender esos doce millones y medio de euros de más se solicitaría la devolución. Así lo dijo tanto el presidente Vivas como el entonces consejero Guillermo Martínez. Se ha mencionado en sede parlamentaria y en declaraciones en los medios de comunicación.
No entiendo que el informe de Ragel sea el sustento político para justificar una comisión de investigación y la comparecencia del presidente. Repito que no entro en el derecho que tienen como partido político en ejercer su control de la acción del Gobierno, allá cada uno como los utiliza, sino que discrepo del instante en que lo han utilizado. Insisto en que el momento debió ser cuando se produjo la primera denuncia, porque así sucede en cualquier campo de la actividad política. Pero la petición de comisión de investigación y comparecencia del presidente ahora, escandalizados por un informe del asesor jurídico de la Asamblea, que no añade más allá de lo que ya se conoce y que figura en todos los documentos, incluso en los primeros que se redactaron en los albores de este caso es, simplemente y es mi opinión, por seguir gastando políticamente al gobierno. Que el asunto ya no les da más de sí. ¿Ahora se acuerdan que pueden existir responsabilidades políticas? ¿Ahora se acuerdan que ha podido existir, desde su punto de vista, una dejación en el control de las certificaciones a la empresa? ¿Ahora se acuerdan de todo ello? Más bien es que interesa simplemente, de momento, por alargar una historia que nada más que cuenta con esa longitud en sede judicial, porque aún no ha existido un pronunciamiento definitivo por parte del titular del Juzgado sobre si abre o no el procedimiento.
