El Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Paulino Rivero, apoyando una iniciativa de los partidos que conforman su gobierno (Coalición Canaria y Partido Socialista de Canarias), ha solicitado del Estado una regulación restrictiva de los permisos de residencia y de trabajo para extranjeros no comunitarios, porque aquel archipiélago viene experimentando –según aclara- un incremento desmedido de población, sin que haya ni recursos, ni servicios públicos, ni puestos de trabajo capaces de afrontar tal situación.
La propuesta pretende que se adopten medidas específicas tendentes a modular el citado aumento poblacional, mediante un cambio en las normas que regulan los aludidos permisos de residencia y de trabajo.
Rivero, curándose en salud ante las críticas que sin duda originará la iniciativa, indica que “no están en discusión las bondades que en muchos aspectos la inmigración representa”, así como tampoco “el carácter integrador de los canarios”, pero apela al sentido común y a la responsabilidad para reflexionar sobre la necesidad de articular mecanismos que modulen el crecimiento poblacional, “porque el archipiélago no puede crecer demográficamente de manera indefinida”, pues no hay medios capaces de afrontar un incremento tan excesivo.
Ignoro cómo será recibida la propuesta, aunque mucho me temo que choque contra el concepto de lo “políticamente correcto” que suele mantenerse en las altas esferas.
Lo cierto es que si hay alguna parte de España que necesite una regulación específica y restrictiva respecto de la concesión de permisos de residencia y de trabajo a extranjeros originarios de países no comunitarios, esa es Ceuta. No dudo de las razones que asisten al Presidente de Canarias para pedir tal regulación, ni tampoco de las que podría aducir Melilla, aún cuando nunca serían más realistas que las de esta ciudad. Tal vez iguales, por lo que respecta a la ciudad hermana, pero jamás mayores.
El pasado 1º de mayo, Fiesta del Trabajo, publiqué en este diario un amplio informe sobre “El paro en Ceuta”, en el cual, entre otras razones de carácter económico, atribuía el alto índice de desempleo local al hecho de que Ceuta, a consecuencia de una inmigración mal controlada, está superpoblada. En dicho estudio figuraba las siguiente frase: “La economía de Ceuta no está capacitada, y menos en la actualidad, para poder absorber tanto incremento demográfico y de población, tanta posible mano de obra, tanta demanda de trabajo”. Parece como si lo hubiesen leído en Canarias.
Una regulación restrictiva como la que pide ahora Paulino Rivero para aquellas islas hubiera podido servir, en su día, para modular la población de esta ciudad, evitando el excesivo crecimiento que ha experimentado, evidentemente superior a sus posibilidades de toda índole. Aunque ya sea tarde, no estaría de más que, si tal regulación restrictiva se adoptase para aquel archipiélago –lo que me permito poner en duda- se extendiese también a Ceuta y a Melilla. Algo podríamos ganar. Para ello, aquí existen razones de sobra, que superan a las meramente económicas invocadas por el Presidente del Gobierno canario.
Pero resultaría tan difícil hacerlo comprender y vencer las tendencias imperantes, que quizás estemos hablando de una entelequia.
