Anda revuelto el panorama educativo. La LOMCE despierta filias y fobias. Entiende el PSOE que el futuro ordenamiento educativo significará la pérdida de igualdad de oportunidades. IU, en sus delirios y quimeras, habla de la vuelta al adoctrinamiento en las escuelas, al nacional catolicismo, al tiempo que su iluminado líder, Cayo Lara, va más allá afirmando que el PP sólo quiere “gente que rece y obedezca”. Mientras, el insaciable separatismo nacionalista catalán, ahora, por boca de su consejera de Educación, acusa al Gobierno de estrategias de destrucción de la realidad catalana.
Las bondades o maldades de la futura nueva ley educativa sólo podrán saberse aplicándola. Si es que hay oportunidad, claro. Su entrada en vigor sería para el curso 2014–15 y parece claro que los socialistas, de recuperar el poder, procederían a su derogación inmediata tal y como hizo Zapatero con la de Pilar del Castillo sin que ésta llegara a ponerse en marcha.
Las sucesivas leyes y reformas del PSOE (LODE, LOGSE. LOCE y LOE) no han podido conducir la educación en España a peor puerto. Jamás hubieron más escuelas ni más institutos para enseñar menos y peor. A pesar de duplicarse la inversión en la última década, la tasa de abandono escolar temprano, el 25 por ciento, el doble de la media de la UE, es escalofriante. Que uno de cada cuatro alumnos abandone las aulas sin graduarse en ESO es muy serio. Como el propio dato de que sólo el 3 por ciento de nuestros estudiantes alcance el pódium de la excelencia educativa. Según los informes PISA, España está doce puntos por debajo de la media europea, estándares que algunos cuestionan pero que son los que se aplican en todos los países.
En medio de este panorama, el profesorado ha visto perder su autoridad. Cada vez hay alumnos más agresivos y con menos interés, amparados por un sistema que ha jugado a su favor. Los suspensos prácticamente se eliminaron, convirtiendo los exámenes de septiembre en un mero trámite porque todos saben que van a promocionar. La excelencia educativa parece olvidada. Y por si fuera poco, el grave e irreversible error histórico de transferir la educación a las comunidades, imposibilitando un sistema único y sólido que los nacionalismos excluyentes aprovechan para manipular a las nuevas generaciones con el secesionismo.
Las utopías del igualitarismo educativo de la izquierda y sus leyes han fracasado tras sus muchos años de vigor. Entonces, ¿por qué ese deseo de derrumbar una nueva ley que intente remediar tal desaguisado? ¿Se cree acaso la izquierda en posesión de la verdad absoluta y el pleno derecho a imponer su sistema educativo como para no permitir a la derecha desarrollar y poner en marcha también sus propias leyes en esta materia?
De la LOMCE creo que, en algunos casos, se queda corta y recentraliza poco. Me llaman la atención las feroces críticas que se hacen sobre sus evaluaciones externas homogéneas en toda España al final de cada etapa educativa, que eviten la dispersión de resultados en las CCAA y garanticen unos mínimos nacionales. Las reválidas, vaya, que diríamos quienes las pasamos en nuestros bachilleratos elemental y superior, o los propios exámenes de ingreso a dichos estudios. La recuperación de este tipo de pruebas supondrá un esfuerzo al que ni están acostumbrados y menos aún dispuestos a afrontar la gran mayoría de nuestros estudiantes. Con todas sus ventajas e inconvenientes, la necesidad de su implantación parece evidente visto el desolador panorama actual.
Recuerdo como si fuera ayer mi temible examen de ingreso. Por la mañana, la prueba escrita: un dictado bien rebuscado en el que con más de tres faltas de ortografía quedabas eliminado, una redacción y las operaciones matemáticas de las cuatro reglas, más dos problemas. Ya por la tarde, el examen oral ante un tribunal integrado por catedráticos y profesores, bombardeándote a preguntas, cada cual sobre su disciplina. Todo ello a la edad de diez años. ¿Cuántos alumnos al final del primer ciclo de la ESO, por no volar más alto, superarían hoy ese examen?
Lo lastimoso de nuestra educación después de tres décadas y media de democracia es que no hayamos sido capaces de conseguir un consenso entre todas las fuerzas políticas y educativas, posibilitando una ley para muchos años, ajena a los relevos, ideologías y vaivenes políticos del momento. La izquierda sabe que la educación es un gran aparato de penetración, al igual que los nacionalistas. La derecha por su parte jamás renunciará a su asignatura pendiente que no es otra que la de desarrollar y poner en práctica su propia ley después de 35 años de democracia.
Y mientras tanto nosotros, aquí en Ceuta, cada curso con más alumnos y ratios disparadas, aulas provisionales, veinte años sin construir un colegio, un fracaso escolar alarmante… ¿Llegará alguna ley o gobierno que acabe con todo esto?
