En el pleno de ayer cobró protagonismo la polémica que ya lleva tiempo servida en torno a la unidad de rescate acuática de Bomberos. Caballas se encargó de trasladar al escenario político el debate que hay en el Cuerpo. Y al final nos topamos con una respuesta que es para enmarcar. Pero no por lo positivo, sino muy al contrario, porque no tiene ni pies ni cabeza. Se nos dice desde el Gobierno que no se va a regularizar la unidad acuática por dos razones fundamentales: el coste y la no pretendida invasión de competencias. En torno al primer punto, decir algo es perder la batalla. El Gobierno es el que hace las cuentas a su antojo, con lo cual rebatir un traje a la medida buscada puede hacer que patines, ya que siempre se sacarán de la manga gastos, mantenimientos y demás. Pero ¿y las competencias? Eso no hay quien lo entienda. Ahora resulta que se tiene especial cuidado en no invadir las competencias de otro Cuerpo de seguridad, parece que se le tiene miedo a la Guardia Civil y se pone por excusa para no activar la unidad de rescate acuático el no querer hacer sombra a los GEAS. Pero si hablamos de criterios coherentes, ¿por qué no se ha tenido ese mismo miramiento con la Policía Local, la pretendida unidad de violencia de género y la Policía Nacional? Precisamente se argumentó su creación en la necesaria colaboración con los nacionales para erradicar esta lacra, ¿y en el caso de los Bomberos, por qué no se hace lo mismo, por qué no se aplica similar razonamiento?
Me da la impresión de que la Ciudad no ha querido contar todo lo que debía en este asunto y se ha buscado argumentos para salir airosa de la moción de urgencia presentada por la coalición Caballas.
La hemeroteca no engaña y ahí hay varias intervenciones de políticos, que todavía mandan, defendiendo a capa y espada esta unidad, e incluso anunciando planes de actuación, intervenciones y demás. Ahora todo queda paralizado, y me da por pensar que ese bloqueo nada tiene que ver ni con el dinero ni con la invasión de competencias. Quizá estén esperando a que instancias, no precisamente políticas, se pronuncien sobre cómo ha funcionado esta unidad durante años o sobre si se permitieron cosas que no debían. ‘Salvemos el culo’, dirá alguno.
