La apisonadora de los recortes al Estado de Bienestar sigue adelante sin parar. Irlanda, Grecia, Portugal, España, Italia. Muy pronto Francia. Antes le tocó el turno a Alemania. Lo que ocurre es que algunos juegan con ventaja y siguen sacando tajada de todos estos recortes, para así garantizar que sus bancos cobran todo lo que los “países del sur” le deben. En España se están tocando todos los palos: mercado laboral, sanidad, enseñanza, Seguridad Social. Ahora la han emprendido con la Justicia. No para dotarla de más y mejores medios, que es lo que reclaman los Jueces, fiscales, procuradores y abogados, además del personal administrativo.
Lo que se ha hecho con la aprobación de la Ley de Tasas ha sido suprimir la exención que tenían las personas físicas del pago de tasas por ejercer la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, ampliándola al orden social. De esta forma se aumenta la presión sobre el ciudadano, al que se le dificulta el acceso a la Justicia. Simultáneamente, con la pretendida reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se somete a una mayor presión a los funcionarios de justicia, incrementando su carga de trabajo, despidiendo a interinos y modificando el poder de los jueces. Un menor acceso a la Justicia, consecuencia del incremento de su coste y una mayor carga de trabajo para los funcionarios. Resultado. Un considerable ahorro para el presupuesto público y una limitación más de derechos para los ciudadanos. Sin Justicia no hay derechos, nos dicen los jueces y fiscales que han participado en las protestas en toda España.
Las consecuencias de todas estas reformas van a ser demoledoras para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución Española. Lo que se va a conseguir es una justicia dual, a imagen de lo que ya ocurre en la sociedad con el incremento de las desigualdades y con la creciente separación entre ricos y pobres. Una justicia para ricos y otra para pobres, que ya existe, pues no todos pueden pagarse un buen bufete de abogados para que los defienda, pero que ahora se va a poder distinguir con mayor nitidez.
A nivel general, el conjunto de los ciudadanos van a ver muy mermado su derecho a un Servicio Público de la Justicia. Controversias frente a las Administraciones o frente a las grandes compañías proveedoras de bienes y servicios se verán afectadas. En el ámbito civil, reclamaciones, por ejemplo, contra las empresas eléctricas, de telecomunicaciones, banca o seguros supondrán una tasa mínima de 150 euros, además de los gastos de abogado y procurador, al margen del principal reclamado. Y si es un procedimiento ordinario, la tasa ascenderá a 300 euros, más un 0,5% de lo que se reclame. Los recursos de apelación supondrán 800 euros y los de casación 1.200. En los procesos frente a las Administraciones Públicas, por ejemplo para impugnar cualquier sanción, permiso o licencia, las tasas mínimas serán 200 euros.
Pero las consecuencias más graves se darán en el ámbito laboral, tanto de los trabajadores por cuenta ajena, como de los funcionarios, sometidos a la jurisdicción contencioso-administrativa. En concreto, en la Jurisdicción Social recurrir un trabajador a un Tribunal Superior le supondrá 200 euros, independientemente de la cantidad que reclame. Y si es al Tribunal Supremo, 300 euros. Esto implica una limitación muy grave del principio sobre el que se sustentan las relaciones laborales, en las que el recurso a la Justicia por los trabajadores deriva de la situación de subordinación en la que se encuentran frente al empresario. Estas tasas, sin la reducción del 60%, también se aplicarán a las Organizaciones Sindicales en los casos de conflictos colectivos, a las que no se les considera beneficiarias de la Justicia gratuita. Es decir, se penalizan los procesos colectivos, a pesar de que esto agiliza la propia maquinaria judicial.
Respecto a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el personal laboral es beneficiario de la justicia gratuita en general, pero el funcionario sólo lo es si acredita insuficiencia de recursos para litigar. Y aunque a los funcionarios públicos se les exime del pago de tasas en las reclamaciones en primera instancia por la defensa de sus derechos estatutarios, no ocurre lo mismo con los particulares, como por ejemplo aquellas personas que se hayan presentado a pruebas de acceso a la función pública. Tampoco si recurren. Y además, se suprime la posibilidad de que los funcionarios se puedan representar ellos mismos en estos procedimientos. A partir de ahora será preceptiva la intervención de Abogado en todos los casos, lo que incrementará su coste.
Como se puede comprobar, el círculo se va cerrando. Limitación de derechos ciudadanos. Reducción del gasto social y de los salarios. Profundización en la desigualdad social. Desmantelamiento del Estado de Bienestar. Acoso y derribo de las Organizaciones Sindicales y de otras organizaciones de defensa de los ciudadanos. Es el dictado de los mercados financieros, que tanto los socialistas de Zapatero, como los populares de Rajoy, siguieron y siguen al pie de la letra. Pero hay alternativa. Aunque antes hemos de asimilar que la condición es que aprendamos a ser dueños de nuestro propio destino. Sin intermediarios.
