Los focos mediáticos se han dirigido hacia las construcciones ilegales. Así lo han decretado las dos administraciones concernidas que, al parecer, se han conjurado para acabar definitivamente con esta lacra. La mera enunciación supone, en sí misma, una declaración de incompetencia. No deja de ser un sarcasmo que la autoridad anuncie de manera grandilocuente y novedosa que velará por el cumplimiento de la ley. La pregunta se antoja inevitable: ¿Qué hacían hasta ahora?
Nadie se inmuta. La ciudadanía es perfectamente consciente de que se trata de otra bravata huera, cuya única finalidad es encubrir la pasividad con una retórica aseada que transmita una firmeza absolutamente ficticia. En la tesitura más osada (improbable), elegirán una víctima que tendrá que asumir la triste condición de escarmiento público, mientras la marea de edificaciones irregulares prosigue su irrefrenable expansión. Quien alardea de vaciar un océano con una cucharilla, siempre queda entre lo absurdo y lo ridículo. Es sencillamente imposible resolver este problema mediante la aplicación de la ley.
Las leyes en un sistema democrático tienen por objeto ordenar la convivencia en el marco de una realidad social sobre la que deben operar. A los ciudadanos se les puede (y se les debe) exigir el estricto cumplimiento de la ley cuando se han establecido previamente las condiciones para ello. Cuando la legislación se divorcia de la realidad, pierde su razón de ser. Y es entonces cuando los ciudadanos determinan las pautas de comportamiento de manera espontánea y desordenada, sustituyendo la ley por la fuerza de los hechos. Es lo que ha sucedido en nuestra Ciudad durante las últimas décadas en esta materia.
El derecho de una gran cantidad de familias de modesta capacidad adquisitiva a procurarse un proyecto de vida digno, supeditado a la premisa obvia de disfrutar de una vivienda, no se puede suspender indefinidamente por la desidia de la administración. Ceuta ha experimentado un incremento demográfico muy importante en los últimos tiempos que, sin embargo, no ha venido acompañado de las decisiones pertinentes para desarrollar una política urbanística adecuada a la demanda de la sociedad. Casi la mitad del suelo sigue secuestrado por el ministerio de defensa, que lo retiene ocioso a la espera de operaciones inmobiliarias especulativas que les proporcionen pingües beneficios; el Plan General ya ha cumplido veinte años y su renovación, que debe contemplar obligatoriamente nuevas bolsas de suelo urbano, se aplaza irresponsablemente sin justificación alguna. ¿Dónde pretenden las autoridades conjuradas que vivan los ciudadanos? No se puede plantear, con un mínimo de seriedad, la condena al hacinamiento en viviendas familiares saturadas como modo de vida permanente para miles de personas (en especial jóvenes). No es justo, ni realista. Porque, en la práctica, la necesidad extrema siempre desborda la legalidad. Constituye una modalidad alternativa de legitimidad social.
El Gobierno de la Ciudad y la Delegación del Gobierno se han conjurado equivocadamente. La conjura, que puede ser una fórmula válida, se debe orientar en otra dirección. El primer objetivo es lograr la devolución del suelo actualmente en desuso para destinarlo a la construcción de viviendas y equipamientos sociales. El segundo objetivo es proceder a una ordenación urbanística que responda a los retos de la Ceuta del siglo veintiuno y, de manera específica, a las consecuencias de la expansión demográfica, lo que incluye una regularización parcial y racional de lo existente. El tercer y último objetivo deber ser la aplicación de una política de vivienda que permita el abaratamiento del suelo para las promociones de viviendas libres, y que arbitre líneas de crédito suficientes para financiar promociones sociales que hagan efectivo el derecho a la vivienda de las familias más humildes. Sólo partiendo de la fuerza de la razón se puede ser intransigente y severo en el cumplimiento de la norma.
