Los vertidos ilegales de residuos suponen una problemática que el Gobierno de la Ciudad no ha acertado a corregir. Esporádicamente realizan algunas acciones, con una buena cobertura de Teleceuta, para hacer propaganda, pero los vertederos ilegales continúan apareciendo y creciendo. Estos vertederos constituyen un problema que afecta a la salud y el bienestar de los ciudadanos, objetivos básicos de cualquier acción pública, y es por ello más sorprendente aún que Juan Vivas y los suyos no se hayan tomado el interés que ponen en otros asuntos de menos trascendencia como la compra de cervatillos vegetales o la adquisición de estatuas de bronce.
El otro día alguien debió ver la luz en el Palacio Autonómico y llevó a Yolanda Bel a anunciar a gritos como si vendiera verdura (tono habitual de la portavoz del gobierno) que, a partir de ahora, no iban a aplicar la ordenanza municipal de limpieza para sancionar los vertidos ilegales, sino que se iban a acoger a la Ley de Residuos.
Cualquiera que tenga un mínimo de formación jurídica sabe que la norma que se aplica a un hecho depende del ámbito de aplicación de ésta y que, en el caso de la normativa sancionadora, debe haber una perfecta adecuación entre el hecho y lo dispuesto en la norma, no pudiéndose elegir la norma administrativa más sancionadora, ya que rigen constitucionalmente casi los mismos principios que en el Derecho Penal.
Lo que, con los datos que tengo de lo publicado en prensa, anunció la portavoz del Gobierno fue precisamente eso: la elección de la norma más desfavorable al hecho. Esto se encuentra excluido por el Derecho Administrativo Sancionador y que hará exitosos los recursos que se planteen contra las sanciones que puedan recaer.
La única responsabilidad la hemos de encontrar en la desidia de Juan Vivas y sus consejeros en adecuar el régimen sancionador aplicable en la Ciudad, dentro de sus competencias, a la Ley de Residuos. No tiene sentido que las disposiciones de la ordenanza municipal de limpieza se superpogan con las de la Ley de Residuos creando un marco realmente indeseable.
Se agrava más la situación con el hecho de que, hasta ahora, la Ciudad ha estado aplicando la ordenanza y olvidándose de la Ley. ¿Por qué? ¿Qué pretendía la Ciudad no aplicando la Ley? ¿No sabían que existía la Ley o conociéndola prefirieron no emplear las sanciones de esta norma? ¿Por qué no han reformado la ordenanza de limpieza para evitar duplicidades sancionadoras?
Todo esto no implica ni gasto de dinero ni otros compromisos de la Ciudad. Tener la normativa en orden para que las sanciones sean efectivas sólo se consigue con trabajo, atención y con ganas de hacer las cosas bien. Es lógico que esto no interese a Juan Vivas, porque una ordenanza no se puede inaugurar tres veces.
